Redacción El Coahuilense
Por Daniel Cortinas
El Colectivo Sí a la Vida ha obtenido tres sentencias en favor de su lucha contra la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA), de Grupo Ecolimpio, y su basurero de residuos tóxicos colindante con el Ejido Noria de la Sabina, municipio General Cepeda. Pese a ello, la compañía sigue operando en la ilegalidad.
Las resoluciones han cuestionado la ausencia del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en el confinamiento tóxico. Se trata de una lucha de más de 10 años que comenzó con denuncias públicas y presión social y que se ha ganado en el Poder Judicial lo que en el Ejecutivo no se resuelve cumplir.
Ejidatarios, ambientalistas y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se organizaron para defender el patrimonio natural, creando el colectivo “Sí a la Vida”, sirviendo como portavoces de las denuncias de la gente.
En 2015, las instancias federales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respondieron a las denuncias con diversos estudios técnicos que acreditaron que el proyecto cumplía con lo necesario y establecido en la ley ambiental.
La Profepa argumentó que las actividades iniciales del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari) estaban de acuerdo con lo establecido en el Oficio Resolutivo No. SGPA UARN/0389/COAH/2015, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante este resultado, el colectivo Sí a la Vida interpuso el primer juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, declarando “nula para efectos” la autorización en materia ambiental que acordó la Semarnat.
La sentencia no fue ejecutada, por lo que en 2017 manifestantes interpusieron un segundo juicio de nulidad ante el mismo tribunal, y no fue hasta el año 2020 que se volvió a dictar sentencia de nulidad contra la autorización acordada por la Dirección General de Impacto Ambiental de la Semarnat.
Aún con dos puntos en contra, la empresa libró la ejecución de la sentencia bajo el argumento de las condiciones especiales que se impusieron por la pandemia de covid-19.
SEMNSA presentó una tercera MIA que también fue denegada por la Dirección General de Impacto Ambiental, y ese mismo año la Profepa ordenó la clausura definitiva del confinamiento, así como la rehabilitación y compensación del daño ambiental cometido.
Cuando la Profepa ya había concluido las instancias para la clausura definitiva, Daniel Calvert, propietario de Grupo Ecolimpio, interpuso un amparo en el que alegaba que la sentencia de nulidad de la MIA con el que operaba el confinamiento era poco clara.
Las autoridades comenzaron a replegarse y continuaron las labores del basurero, violando los sellos de clausura que se habían fijado en la entrada.
José Luis García Valero, miembro del colectivo, explica que Sí a la Vida se enteró de que la Profepa autorizó informalmente, por “una orden superior”, el acuerdo para que los confinamientos de la región (Mina, Ramos Arizpe y General Cepeda) recibieran desechos procedentes de dos fábricas de armas, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se trata de una zona de 31 hectáreas con concentraciones de mercurio, plomo y cromo acumulado durante décadas, así como otros 24 mil metros cúbicos de arsénico, plomo, antimonio y vanadio, sustancias contaminantes que antes de recalar en Coahuila estuvieron recorriendo las carreteras del país procedentes de los terrenos que sirvieron para la ampliación del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, cuyas obras se inauguraron el 24 de septiembre de 2024.
Es así como el Cimari mantiene sus operaciones y ahora, con tres sentencias en favor, el Colectivo Sí a la Vida llevará el caso a la Sala Superior y esperan que finalmente haya una resolución concreta.
Clima hostil
Desde el anuncio de la instalación de Cimari en 2014, alrededor de 22 asambleas ejidales cercanas a Noria de la Sabina ya habían manifestado su inconformidad con el vertedero.
Sí a la Vida advirtió sobre los movimientos que estaba realizando Daniel Calvert en conjunto con el entonces alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora.
Con la autorización sin sustento por la ley otorgada por la Profepa y la Conagua, notaron que se trataba de una red de connivencia entre las instancias federales y el gobierno estatal.
A raíz de estos descubrimientos y los diversos recursos legales que se han empleado, se formó lo que Jesús González Schmal, abogado del colectivo, denominó como un clima de hostilidad y tensión entre los ejidatarios en favor de la lucha del colectivo y SEMNSA.
Anteriormente, en San José de La Paila, una localidad del municipio de Parras de la Fuente, se planeaba instalar el primer confinamiento. En conjunto con el licenciado Cisneros Barrón, el colectivo interpuso el recurso de nulidad en las primeras fases del proyecto, logrando suspender la obra.
Caso contrario con SEMNSA, donde ahora han enfrentado agresiones, engaños, calumnias, amenazas y criminalizaciones del integrante de Grupo Ecolimpio.
De los más notorios ha sido el ataque directo hacia Juan Gamboa, un activista del colectivo que se dedica a la promoción de alternativas de trabajo para los ejidatarios, como la elaboración de artesanías para el sustento de las familias.
González Schmal explica que, al ser parte de la imagen pública del colectivo, decidieron manchar su imagen acusando a Gamboa de tener dobles intenciones con los ejidatarios relacionadas al tráfico de artesanías. Esa y otras campañas desplegadas a través de blogs y redes sociales, han centrado a Gamboa como objetivo de una campaña negra que todavía estaba activa al cierre de esta edición.
También asegura que exempleados de la empresa están bajo amenaza y tienen prohibido hablar sobre las condiciones laborales dentro del basurero; además, muchos de ellos salieron con enfermedades por la exposición e inhalación de gases tóxicos.
Jesús González Schmal explica que se trata de un tipo de tuberculosis presente también en la minería debido a las altas cantidades de componentes contaminantes de los desperdicios tóxicos.
Aún así, la empresa lleva 10 años acumulando desechos en la proximidad de la gente que vive en los ejidos, daños que han trascendido a mantos acuíferos debido a los contaminantes desplegados en el subsuelo.
Sin régimen de derecho
“Si bien existe una ley exhaustiva y órganos para aplicarla, nunca ha habido una voluntad política seria para hacerla valer”, declara González Schmal al hablar sobre las luchas que han vivido los ejidatarios víctimas de los confinamientos que, al igual que en la Noria de la Sabina, han tardado años en resolverse.
Señala que no ha habido una autoridad que verdaderamente sancione este acto ecocida y es el reflejo de la impunidad que existe en un país donde no se vive plenamente un régimen de derecho.
“La autoridad pasa y se dedica a buscar acomodos políticos, trabajos, beneficios extralegales, y los que quieren aplicar el derecho son mal vistos por sus mismos colegas de la administración pública”, lamenta González Schmal.
Con respecto del gobierno del estado, menciona que Coahuila se volvió cómplice al permitir una agresión de la autoridad federal y dar paso a la autorización de un confinamiento que no estaba sustentada en la ley.
“El Estado mismo no se defendió frente a una agresión de la autoridad federal, al permitir al basurero trabajar en la clandestinidad”, señala.
La esperanza para los inconformes vendrá con la resolución que se le dé al último amparo contra las autoridades quienes favorecen a SEMNSA, interpuesto en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa.
“Tuvieron que transcurrir 10 años para que finalmente estemos en un punto sin salida y va a tener que cumplirse la sentencia de que no son instalaciones legales y que además de suspender actividades, tendrán que rehabilitar y restituir en la medida de lo posible al medio ambiente todo el daño que se le ha hecho”, lamenta González Schmal.
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