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Monclova, Coahuila.- En Monclova, centros de rehabilitación irregulares continúan funcionando sin sanciones a pesar de denuncias por encierros forzados, agresiones físicas y fallecimientos, revelaron testimonios de ex internos, familiares y activistas sociales.
María del Refugio Gaytán, gestora social, denunció omisiones de las autoridades ante las quejas ciudadanas.
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«Hay omisiones que protegen a los responsables y vulneran a los enfermos», afirmó y agregó que no pueden seguir permitiendo que se dañe a personas vulnerables con total impunidad.
El caso más reciente fue la clausura del centro “Sanaré”, propiedad del estilista Adolfo Zamora, luego de una denuncia pública por violencia contra internos. El responsable permanece prófugo y el caso continúa sin resolución legal, según reportó la denunciante.
Los llamados «anexos de puerta cerrada» operan dentro de viviendas particulares, sin autorización, sin personal médico ni instalaciones adecuadas.
Tampoco realizan diagnósticos clínicos antes del ingreso ni permiten visitas familiares, lo que contraviene la normatividad estatal y representa un riesgo para los pacientes.
Entre los centros detectados en situación irregular se encuentran:
- “Casa de Oración” (colonia 21 de Marzo, propiedad de Cristhian Moreno)
- “Nueva Vida” (colonia Santa Bárbara, operado por Daniel Campos)
- “CREA” (avenida Montessori, propiedad de Rodolfo Zamora)
- “Un paso a la vez” (colonia Independencia, dirigido por Karina Cuéllar)
- Un anexo en calle Venecia (zona centro), clausurado tras denuncias vecinales
- Otro más en el oriente de la ciudad, reabierto por personas con antecedentes de violencia
En 2021 y 2023 se registraron muertes de internos por presuntos abusos y negligencia médica. Ninguno de los casos derivó en sanciones ni en detenciones. La mayoría de estos espacios operan sin vigilancia sanitaria ni supervisión institucional.
De acuerdo con la normativa vigente, los centros deben contar con atención médica y psicológica, instalaciones separadas por sexo y programas de seguimiento profesional. Sin embargo, sólo tres anexos en Coahuila cumplen con estos requisitos.
Organizaciones civiles advirtieron que los vacíos legales, la falta de inspecciones y posibles actos de corrupción impiden el cierre definitivo de estos lugares.
Mientras tanto, decenas de personas siguen siendo ingresadas sin diagnóstico, sin acompañamiento legal y sin garantías para su integridad física o emocional.
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Con información de El Siglo de Torreón
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