Por Álvaro Delgado Gómez
Informar con la verdad no es violencia ni delito, pero censurar y amenazar sí, más aún si estas conductas son de una prominente servidora pública, la magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a ministra de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal de México, quien con su poder logró el respaldo del Instituto Nacional Electoral (INE) a sus pretensiones.
El asunto es muy serio, trasciende lo personal e involucra a las libertades que consagra la Constitución: La magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez ordenó al INE censurar un programa del canal de SinEmbargo al Aire en YouTube, del 29 de enero de este año, para que no se sepan datos verdaderos, con el argumento de que el autor de la información —quien esto escribe— incurrió en violencia política en razón de género.
El INE acató la orden de la magistrada federal y, sin notificar a la parte afectada, dispuso que la empresa extranjera Google elimine lo que dije: Que Mosri Gutiérrez en ese momento hacía campaña de medios para buscar ser candidata a ministra de la SCJN, que es esposa del general Rafael Macedo de la Concha y que la sociedad tiene derecho a saber cuál es su biografía y cuáles son sus relaciones e intereses.
Esto es lo que dije, lo habitual en toda sociedad democrática, y esto es lo que la magistrada federal y candidata a ministra de la SCJN afirma que es violencia política en razón de género para censurar, una tentativa que consumaron las consejeras Claudia Zavala y Rita Bell López, así como el consejero Arturo Castillo Loza, de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
A la denuncia pública que hice en mi cuenta de X de este acto de censura de la magistrada Mosri Gutiérrez, con los únicos recursos de mi voz y mi prestigio, ella respondió con una amenaza en la misma red social: “Hasta aquí llegaste, Alvaro Delgado. Yo no me dejo.”
Nada de lo que dije de la magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez es falso ni tampoco le he faltado jamás al respeto: Decir que la sociedad tiene derecho a saber cuál es su biografía y cuáles son sus intereses no constituye falta ni delito y si proporciono el dato de que su esposo es el general Rafael Macedo de la Concha es porque ella misma lo hizo público y porque es un principio democrático que el ámbito privado de las personas públicas es más reducido que el de las privadas.
La magistrada Mosri Gutiérrez afirma, en otro mensaje dirigido a mí en su cuenta de X, que está “orgullosa” de su proyectora y de su vida personal. ¿Entonces por qué ordenó al INE que oculte como “dato protegido” su propia identidad como demandante de censura y también la de su esposo, un general del Ejército y exprocurador general de la República? No sólo eso: Esconde en su biografía oficial que fue diputada del PRI en Sonora y que colaboró directamente con el gobernador priista Manlio Fabio Beltrones.
Dice ella también que “atribuirle a una mujer los pecados de sus hombres, que además son mentiras, es una forma de violencia política en razón de género y es un delito”, pero yo jamás hablé de “sus hombres” ni de sus “pecados”, ciertos o falsos.
Pero ya que ella menciona el plural, quizá su pretensión es que no se le asocie a hechos que ocurrieron antes de ella contrajera matrimonio, como que Macedo de la Concha y Beltrones operaron, uno como titular de la PGR y otro como presidente de la Cámara de Diputados, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno por orden de Vicente Fox, en abril de 2005. Ese es un hecho público y verdadero.
Otra cosa que también fue previa a su matrimonio y del que ella no tiene ninguna responsabilidad, pero que quizá quiere que no se sepa, es que Macedo de la Concha fue agente de la Dirección Federal de Seguridad, la policía policía del régimen priista —cuya credencial fue la 472—, y lo fue también Beltrones —con la credencial 482—, cuando éste era secretario particular del subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, en plena guerra sucia de los setenta.
No sé si Macedo de la Concha y Beltrones se conocieron entonces, cuando el PRI era omnímodo, pero son datos ciertos de los propios archivos de la DFS que encabezaba en ese entonces el sanguinario Miguel Nazar Haro, secuestrador, torturador y asesino.
Ignoro qué otras pretensiones tenga en mi contra la magistrada Mosri Gutiérrez, además de la censura y la amenaza, pero como periodista no tengo duda de mi trabajo que seguiré haciendo: La sociedad mexicana tiene derecho a saber las biografías personales y familiares, así como las relaciones políticas y económicas, de los personajes públicos en todos los ámbitos, incluido el de la justicia, para que la voluntad ciudadana decida si ella es ministra de la SCJN.
Por lo pronto, la magistrada Mosri Gutiérrez tuvo éxito en censurarme y amenazarme, justo cuando está en curso un asunto semejante de una magistrada de Tamaulipas que logró recios pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la organización Artículo 19, así como la publicación de un desplegado firmado por decenas de políticos, intelectuales y exfuncionarios de los gobiernos de PRI y el PAN “contra la censura” al periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal.
Hace unos días, el 16 de mayo, el columnista De Mauleón fue notificado en su domicilio de la demanda por calumnia y violencia política en razón de género de Tania Contreras López, exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, que encabeza el morenista Américo Villarreal, y actual candidata a magistrada, por una columna que publicó en ese diario.
La magistrada Contreras López logró que las autoridades ordenen al periódico suprimir la columna que, con base en un informe de la Sedena, informó de una investigación sobre la presunta “existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol” vinculada al exadministrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, supuestamente pariente de ella.
Yo sí me solidarizo con Héctor de Mauleón, porque no hay censura buena ni mala. Toda la censura es repudiable. Es la permanente tensión entre la intolerancia y la libertad.
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