Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Este 21 de mayo, se cumplen 3 años del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón. Su caso ha sido emblemático y ha llevado a la creación de la Ley Monzón para proteger a las infancias de padres feminicidas; sin embargo, apenas se dictará una sentencia por violencia familiar y su ex pareja continúa enfrentando audiencias por el delito de feminicidio.
«Hace tres años, el 21 de mayo del 2022, nos arrebataron a una mujer aguerrida, una abogada valiente, una madre amorosa y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres», mencionó una de las integrantes de Por las mujeres de Puebla que se congregaron fuera de los Juzgados de Ejecución de Sentencia a un costado del penal de San Miguel, en el tercer aniversario luctuoso del feminicidio de Cecilia Monzón.
Las mujeres elevan una pancarta con el lema «Justicia para Cecilia Monzón. Justicia para todas» y cargan en sus manos girasoles que elevan mientras apuntan a que están enojadas, pues su feminicidio es un recordatorio de la violencia estructural que enfrentan las mujeres de Puebla.
De puertas adentro, se encontraba Helena Monzón y su familia en la treceava audiencia por feminicidio, siendo este el segundo cargo que se le imputa a él exfuncionario Javier N., extitular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio del gobernador Marín Torres del estado de Puebla. Se trata del segundo cargo que se le acusa, siendo que el primero fue por violencia familiar.
El caso de Cecilia Monzón es una herida que permanece abierta. Pese a que existe una ley en su nombre, la familia y su hijo, quien quedó en orfandad por feminicidio, continúan buscando justicia. Incluso aunque ganaron el juicio por violencia familiar, en el que se espera que se emita una sentencia de 20 años a la que posteriormente se le sumaría la sentencia por el delito de feminicidio, la justicia continúa siendo tardía para las mujeres.
En un recuento de los hechos, Cecilia Monzón fue una abogada feminista con especialidad en Derecho Penal y maestría en Sistema Penal Acusatorio. Participó en Mujeres Líderes de las Américas y en el Primer Parlamento de Mujeres en Puebla.
Mientras ayudaba a otras mujeres en sus procesos penales, también impulsó la creación de un registro estatal de deudores alimentarios y la modificación del Código Penal de Puebla para que se persiga el delito de abandono y para retirar la patria potestad a quienes incumplan con la pensión alimentaria de sus hijas e hijos.
Sin embargo, pese a tener conocimientos en el tema, ella no estuvo exenta de la violencia que alcanza a miles de mujeres en México, pues el exfuncionario Javier N. ejerció violencia familiar contra ella, incluso estando separados. La pensión alimenticia que era destinada para el hijo que tuvieron en común, estaba condicionada a que Cecilia hablara bien de él en los medios de comunicación, ya que buscaba la gubernatura del estado de Puebla.
Este tipo de barreras para acceder a la pensión alimenticia es una de las muchas problemáticas a las que se enfrentan las madres autónomas. Es la firme decisión de los padres para no hacerse cargo de las responsabilidades que conlleva la paternidad. De acuerdo con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, los padres ausentes dejan a sus hijas e hijos entre los 0 y 3 años de edad en un 83% de los casos.
En consecuencia, a una denuncia por parte de Cecilia e la que expuso la situación a la que se enfrentaba, en 2022 fue víctima de violencia feminicida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo los autores materiales, cuando ella conducía sobre el periférico ecológico en Cholula Puebla. No obstante, quedó claro que el autor intelectual fue Javier N., según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP).
Tras los hechos, la custodia del menor fue otorgada a la familia Monzón y desde ese momento, su hermana Helena, feminista y defensora inició un largo proceso para pedir justicia por Cecilia. En junio de 2022, Javier N. y Santiago N., uno de los autores materiales, fueron detenidos, pero un mes después, el segundo fue liberado porque se acreditó que no tuvo relación con el incidente.
«Repitan conmigo: el responsable de un feminicidio es el feminicida. No las amigas, no el papá, no las víctimas» era una de las banderas que defendió Cecilia Monzón. El feminicidio, la forma extrema de violencia contra las mujeres, sigue siendo un de los mayores problemas que atraviesan a México, incluso cuando se han realizado varios esfuerzos para invisibilizarlo y hacer ver que a las mujeres no las están matando. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo indican que este delito está a la baja, pues, aunque en 2024 se contabilizaron 797 casos, el año en que murió Cecilia Monzón es el segundo con mayor número de registros llegando a 961.
Sin embargo, la cifra real podría ser mayor teniendo en cuenta que desde el gobierno se ha ido tejiendo una estrategia para invisibilizar esta problemática. Se trata de la “Operación limpieza” y consiste en maquillar cifras en los registros de violencia feminicida como homicidios dolosos. Un segundo motivo es que persisten fallas para acreditar este delito correctamente ya que constantemente se pierde evidencia, no se investiga de forma pronta y expedita, así como el nulo uso de la perspectiva de género.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal de 2024, del INEGI, apuntó que en México hay 138 agencias o fiscalías especializadas en feminicidios, 207 en delitos de violencia contra las mujeres, 248 en delitos sexuales, 281 en violencia familiar, y 89 contra la trata de personas y aun así, no ha sido suficiente para combatir la violencia feminicida.
La lucha por la justicia en el caso de Cecilia llevó a la creación de la Ley Monzón como una forma de resignificar a las mujeres víctimas de la violencia, la iniciativa Ley Monzón busca proteger las infancias de los posibles padres feminicidas al quitarles la patria potestad a través de una sentencia. Por ello, en 2023 el Congreso de Puebla fue el primer estado en aprobarla, de esta manera se modificó su Código Penal y Civil
De esta manera, ninguna infancia o adolescencia será opuesta en situación de vulnerabilidad emocional y física al seguir en contacto con alguien que ejerció el acto más violento en contra de su madre. Asimismo, se dará una pena de 8 años a los funcionarios que intervengan en la investigación y 10 años de inhabilitación.
Actualmente, son pocos los estados donde está aprobada la Ley Monson como Puebla, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima. En 2023, senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación del Senado exhortaron a 24 Congresos estatales a reformar su legislación local para aprobar la ley, los cuales son:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Esta ley también resignifica su feminicidio y la violencia que vivió, ayudando no solo a las infancias, sino a las familias en quienes recaen el cuidado cuando una de sus mujeres muere. El día de hoy, las mujeres de Puebla nombraron a Cecilia Monzón y siguen pidiendo que se abra el camino hacia la justicia.
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