Por Gabriela María De León Farías.
Algunos legisladores progresistas en México, incluidos los de Coahuila, han considerado legalizar la maternidad subrogada. Esta se formaliza mediante un contrato sui generis, donde mujeres sanas gestan embriones ajenos, sin aportar material biológico propio, convirtiéndose en meros vehículos para la gestación y nacimiento de los hijos de otras, por razones eminentemente “altruistas”. A primera vista, podría parecer un acuerdo justo, pero en realidad, refleja las profundas desigualdades sociales y la precariedad institucional que enfrentan las mujeres en el país.
Hasta ahora, solo Sinaloa y Tabasco han regulado esta práctica, bajo un discurso de altruismo que oculta su carácter explotador. En estos estados, las gestantes suelen ser mujeres en situación de pobreza, obligadas por la falta de oportunidades a rentar sus cuerpos. Lejos de ser un acto solidario, el sistema las convierte en instrumentos de un mercado lucrativo, agravando la violencia reproductiva y la desigualdad estructural. Las razones para su prohibición son claras. La maternidad subrogada debe ser una decisión libre de la madre gestante, pero no hay verdadera libertad en condiciones de necesidad extrema.
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En estados como Tabasco, donde el índice de pobreza es mayor que la media nacional y la miseria afecta de manera desproporcionada a las mujeres, la maternidad subrogada se convierte en una forma de explotación reproductiva que mercantiliza sus cuerpos y vulnera sus derechos humanos. No existe un verdadero altruismo, sino una violencia capitalista y patriarcal que instrumentaliza a las mujeres más vulnerables, exponiéndolas a riesgos físicos y emocionales severos, además de someterlas a procesos de desvinculación psicológica que dañan su salud mental.
Por eso decimos que la maternidad subrogada está íntimamente ligada a la feminización de la pobreza en México, un problema estructural que coloca a millones de mujeres en situaciones de precariedad extrema, muchas veces como madres solteras o empleadas con salarios mínimos insuficientes. La ausencia de políticas públicas efectivas para combatir esta desigualdad convierte a la maternidad subrogada en una salida económica desesperada para muchas mujeres, lo que a su vez alimenta un mercado lucrativo y poco regulado que se aprovecha de su vulnerabilidad. En este contexto, la maternidad subrogada no solo cosifica a las mujeres, sino que también convierte a los niños en mercancías, despojándolos de su dignidad y derechos fundamentales.
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Si bien en estados como Coahuila las condiciones económicas pueden ser algo mejores que en otras regiones del país, la situación no es menos grave cuando se examina el acceso a la justicia para las mujeres. Coahuila, con una participación significativa en el PIB nacional, enfrenta un poder judicial paupérrimo, marcado por sobrecarga de trabajo, falta de perspectiva de género y estereotipos que dificultan que las mujeres accedan a una justicia efectiva. Aunque existen juzgados especializados en violencia familiar y centros de justicia para mujeres, la realidad es que la justicia no siempre responde a sus necesidades ni protege sus derechos de manera adecuada.
Esta combinación de pobreza feminizada y un sistema judicial ineficiente y machista en Coahuila evidencia que las condiciones sociales y legales no están dadas para aprobar la maternidad subrogada. La maternidad subrogada en este contexto no es una cuestión de libertad o altruismo, sino una manifestación más de la violencia estructural que sufren las mujeres mexicanas.
Por tanto, los estados pioneros en la regulación de la maternidad subrogada deberían ser una advertencia clara de que México no está preparado para legalizar esta práctica de manera generalizada. Primero es necesario enfrentar la feminización de la pobreza, fortalecer un sistema judicial con perspectiva de género y garantizar el acceso pleno y efectivo a la justicia para las mujeres. Solo entonces podrá hablarse con seriedad de maternidad subrogada sin caer en la trampa de la explotación y la mercantilización de los cuerpos femeninos. Hasta que eso no ocurra, aprobar la maternidad subrogada será un acto irresponsable que perpetúa las desigualdades y vulnera la dignidad de las mexicanas.
Gabriela María De León Farías.
Maestra en Derechos Humanos
Especialidad en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas
Ciudadana
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