El ABC de la elección judicial

Como bien sabemos, el próximo 1 de junio será una fecha clave para la historia de México. En un movimiento tan polémico como relevante, el pueblo mexicano votará por primera vez a quienes integrarán gran parte del Poder Judicial federal. En juego están quienes se encargarán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversos tribunales de disciplina, circuito y distrito.

Hablamos de 881 cargos judiciales. Los votantes podrán elegir entre 3 mil 422 candidaturas: mil 450 mujeres y mil 972 hombres. Entre las vacantes a ocupar se encuentran 9 cargos de ministras o ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de Salas Regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito. Además, 19 entidades federativas participarán también en procesos locales para renovar sus sistemas judiciales.

Lo que suceda con la Suprema Corte es de lo que más llama la atención, por obviedad. Entre los nombres que más eco han tenido se encuentran los de Paula García Villegas, Sergio Molina y Lenia Batres. 

García Villegas, actual magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuenta con más de 14 años de experiencia judicial y alrededor de 25 mil sentencias emitidas. Doctora en Derecho por la UNAM, con estudios en economía por el ITAM y una maestría en Derecho por la Universidad de Londres, propone una agenda enfocada en cuatro ejes: fortalecer la justicia ambiental, permitir que los jueces recaben pruebas de oficio, acercar la justicia cotidiana a la ciudadanía y garantizar que la Corte supervise el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

Identificada con el número 12 en la boleta morada, García Villegas también ha abogado por una Corte más comprensible, sin exceso de tecnicismos, con sentencias breves, sin papel y con procesos digitales. Recientemente, ha reforzado su visión de una justicia ambiental efectiva, señalando que muchas sentencias que protegen al medio ambiente no se ejecutan de manera real. “Restablecer un ecosistema lleva décadas, destruirlo toma minutos. Eso debe castigarse”, ha dicho.

Por su parte, el magistrado Sergio Molina, identificado con el número 9 en la boleta, se ha posicionado como uno de los especialistas más reconocidos en derecho laboral y derechos humanos. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y actual Consejero de la Judicatura Federal, fue el primer Titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Desde 2019 ha encabezado el diseño y puesta en marcha de los Tribunales Laborales Federales, representando al Poder Judicial en el Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema.

Además, Molina ha participado como Consejero Técnico de la Delegación de México en la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, y actualmente es parte de la Comisión de Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Su perfil académico y de campo lo convierten en una de las figuras más relevantes para aportar en temas de justicia social y constitucionalidad.

En el espectro de candidaturas también destaca Lenia Batres, una figura con fuerte arraigo popular, conocida como “la ministra del pueblo”. Su historia personal está ligada a una dinastía de izquierda en México, y ha logrado posicionarse como una de las candidatas más populares en esta contienda judicial, respaldada por sectores que buscan un enfoque más social en la toma de decisiones del Poder Judicial.

Otros nombres que resuenan con fuerza al interior de la SCJN son los de Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz y María Estela Ríos González, así como Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero García. 

Así, el proceso judicial del 1 de junio abre un nuevo capítulo para el país. Por primera vez, el Poder Judicial se somete a un ejercicio democrático directo. Más allá del debate político, la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de renovar los cimientos de la justicia desde la base institucional. La boleta morada —distinta a las partidistas— será el vehículo para decidir si perfiles como Paula García Villegas, Sergio Molina o Lenia Batres representan el tipo de Corte que México necesita.

¿Freno a abusos? 

En la lupa se encuentra Ocram Seyer, la prestadora del servicio de limpieza que estaría a punto de enfrentar una demanda colectiva por parte de miles de colaboradores, quienes argumentan faltas a las obligaciones obrero-patronales y fiscales. 

Resulta que los quejosos, provenientes de distintas latitudes de la República, aluden ausencia de pagos, falta de prestaciones, e incluso, despidos no justificados, pero eso no es todo, pues aunque resulte paradójico, en muchos de los casos no se les entregarían ni siquiera los materiales necesarios, sin importar que las instalaciones a asear sean parte de la infraestructura del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Martí Batres. 

De comprobarse los supuestos abusos, ¿se sancionará a la empresa enlazada a la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL)?

Focos rojos en Chihuahua

Mucho tendrá que hacer tanto la Fiscalía General de Chihuahua, a cargo de César Jáuregui Moreno, así como la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), que lleva Arturo Velasco, por el delito de secuestro que se ha disparado en los últimos meses en la entidad. 

Y es que a pesar de que autoridades informaron que en lo que va de 2025 detuvieron a 35 personas por este delito y liberado a más de 60 víctimas, lo cierto es que el estado fronterizo figura como uno de los que más padecen este delito.

En el caso del Secuestro Extorsivo, este ha tenido un aumento de un 98 por ciento y el Secuestro Express, un 129 por ciento. Sobra decir que la situación ha ahuyentado a inversionistas y autoridades de los Estados Unidos tienen a Chihuahua como un foco rojo por esta razón principalmente. 

Las dudas del caso Aureoles

En el caso de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, aún queda mucho por esclarecer, especialmente luego de que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, le concediera una suspensión definitiva para evitar su detención. 

La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ya presentó una denuncia contra la juzgadora por presunta obstrucción de la justicia. Sin embargo, también debería profundizar en la red de corrupción que rodeó al exmandatario. 

Nombres como Miguel Alonso Olamendi, quien fue su secretario particular, habría operado recursos en efectivo, además de mantener vínculos con Rosario Robles y Emilio Zebadúa durante los años de la llamada Estafa Maestra. ¿Y qué pasa con otros operadores como Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas? También ellos deben rendir cuentas sobre los múltiples delitos de peculado cometidos.

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