Redacción El Coahuilense
Zacatecas.- Un juez concedió la libertad al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús, luego de desechar la acusación de violación equiparada agravada, aunque sí le dictó vinculación a proceso por abuso sexual agravado.
En una audiencia que duró 24 horas, el juzgador permitió que el acusado abandone en el transcurso de este viernes, el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, donde permaneció durante seis días.
En el Juzgado de Control y Enjuiciamiento de dicho centro penitenciario, se llevó a cabo la audiencia que inició desde las 9:45 de la mañana del jueves, y que concluyó a la misma hora del viernes.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, a petición de la defensa y en consenso con los padres de la víctima, se llevó a cabo un procedimiento abreviado, en el que el imputado aceptó su responsabilidad de abuso sexual agravado, por el cual fue sentenciado a cuatro años de prisión, garantizando la reparación integral del daño.
El abogado defensor Darío Gamón Rodríguez informó que para evitar seguir privado de la libertad, se aceptó dicho procedimiento abreviado, por el “delito menos grave” que el de violación, con lo que se le concedió el beneficio de suspensión condicional de la condena.
El abogado reconoció que el rector tuvo que admitir la responsabilidad del abuso sexual, para así poder celebrar el procedimiento abreviado y obtener el beneficio del sustitutivo de la sentencia.
“Esto no quiere decir en realidad si lo hizo o no lo hizo, no se entró al debate de pruebas, no se desahogan pruebas, ni nada… pero esta es una forma de terminar los procedimientos”, indicó el abogado Darío Gamón Rodríguez.
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El rector no deberá cumplir medidas cautelares, pero se sujetará a “ciertas condiciones” como la de no cometer otro delito, porque se tendría que hacer efectiva la pena del nuevo delito y del delito por el que se vinculó.
Dijo desconocer si Rubén de Jesús retomará sus funciones como rector de la Universidad. También dijo desconocer si la reglamentación universitaria le impide desempeñar el cargo debido a que quedará con antecedentes penales de por vida.
Al ser cuestionado sobre la posible operación del gobierno estatal para lograr la liberación del rector, respondió: “No se operó absolutamente nada”.
Mencionó que sí se acordaron medidas de reparación del daño a favor de la víctima, las cuales no hizo públicas.
La audiencia
En las 24 horas de la sentencia fueron desahogados los medios de prueba de la defensa, con diversos testimoniales y la presentación de pruebas periciales en materia de psicología y medicina, entre otras. En total participaron ocho testigos y peritos, y se presentaron dos documentos de defensa.
Dentro del grupo de testigos llamados por la defensa, se encontró Perla María Trejo Ortiz, quien fue electa como secretaria general de la UAZ en las votaciones del pasado miércoles.
En uno de los múltiples recesos, Darío Gamón explicó a El Sol de Zacatecas que todas las pruebas serían respondidas por la Fiscalía, lo cual ocurrió ya en la madrugada del viernes. Tras un debate final entre fiscalía y defensa, el juez dio a conocer su resolución.
La liberación del rector se dio a dos días de que en la UAZ se llevaron a cabo las elecciones donde ganó la rectoría Ángel Román Gutiérrez, quien en los últimos cuatro años fungió como secretario general de la institución, bajo las órdenes de Rubén “N”.
Mujeres exigen justicia
El Movimiento Feminista de Zacatecas divulgó una carta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, en la que exige la vinculación a proceso del rector.
El pronunciamiento que se hizo público mientras se desarrollaba la audiencia, está dirigido al gobernador David Monreal Ávila, el fiscal del estado Cristian Paul Camacho y el titular del Poder Judicial de Zacatecas Carlos Villegas.
El Movimiento afirma que la Fiscalía recabó pruebas suficientes para proceder, sin embargo, no se ha hecho “debido a la relación que el presunto responsable tiene con diferentes grupos de poder”.
En el documento se hace un “enérgico llamado a las autoridades estatales competentes para que actúen conforme al debido proceso, con la diligencia, imparcialidad, transparencia y, sobre todo, con el enfoque de derechos humanos y del interés superior de la niñez a los que se deben”.
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