Redacción El Coahuilense
En América Latina y el Caribe existen más de 100 organizaciones de la sociedad civil que protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada, quienes se encuentran en riesgo de constantes amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de apoyo de recursos económicos.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta región del mundo es la más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante los diferentes conflictos, violencias, crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia climática.
Frente a esta situación, las personas y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos atienden las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que las personas en contextos de movilidad experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de protección, reasentamiento e integración en un nuevo territorio.
🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado.
En este contexto, hace unos días, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) emitió un informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la población en contextos de movilidad en México.
El documento reveló que las y los defensores ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, estigmatización y discriminación. En 2024 se registraron 649 casos de violencia contra defensoras y defensores de personas en movilidad, con un aumento significativo en los primeros meses del año; y solo 1 de cada 10 goza de protección Estatal, a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
El informe señala que, en México, las personas defensoras de derechos de la población en contextos de movilidad son blanco de amenazas, extorsiones y agresiones físicas por parte de grupos criminales y autoridades. Por ejemplo, la Guardia Nacional acumuló mil 772 quejas por violaciones a derechos humanos en cinco años, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Muy pocas han tenido un seguimiento o han culminado de acciones de acceso a la justicia.
💬 | Únete a nuestro canal de WhatsApp para que recibas las noticias y trabajos destacados de El Coahuilense Noticias.
A esta precariedad de protección que enfrentan, se suma la política migratoria de contención que tiene el país. Su respuesta se ha centrado en la militarización del Instituto Nacional de Migración y la ampliación de labores de contención migratoria a la Guardia Nacional (un cuerpo militarizado), el Ejército, la Marina y policías de distintos niveles, incluso algunos sin facultades para realizarlas. Mientras que otras acciones, como el condicionamiento de un documento migratorio para la venta de boletos de autobús han colocado a las líneas de autobuses como agentes migratorios de facto, al decidir quién puede comprar y subirse a un autobús al interior del país.
En el tema de las desapariciones, que en 2024 ya sumaban más de 100 mil en México, se registraron 73 desapariciones de defensoras y defensores de personas en contextos de movilidad, sumándose a los 393 casos no resueltos desde 1952.
El diagnóstico reconoce que en el país, las mujeres tienen un papel fundamental como defensoras de los derechos humanos de la población en contextos de movilidad. Algunas han tenido experiencia directa en las migraciones y han vivido las consecuencias negativas del sistema de fronteras. De acuerdo con las mujeres defensoras entrevistadas, en el país existe un contexto de opresión que no se encuentra documentado. Las mujeres migrantes, incluidas las lideresas
y defensoras, se exponen a violencia sexual, acoso, abuso, exclusión y diversos tipos de violencia basada en género.
🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado.
Ellas enfrentan riesgos y amenazas no solo por su labor, sino porque su trabajo transgrede los roles de género. Ellas interpelan a un sistema migratorio que, lejos de ser un refugio, se ha convertido en un aparato represivo que criminaliza a quienes buscan protección, que niega la dignidad a quienes huyen de la violencia, y que perpetúa la vulnerabilidad de las personas migrantes, especialmente de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Analizar su labor de
defensa desde la categoría de género supone un ejercicio amplio que reconoce que las violencias que enfrentan tienen particularidades.
Entre las principales conclusiones de la investigación se destaca la externalización de las fronteras estadounidenses como la pauta que marca la política migratoria mexicana, reducida a la contención, la militarización, la deportación y la cooperación binacional con Estados Unidos. Mientras que las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos de la población en contextos de movilidad muchas veces no se reconocen como tales, lo que implica la exclusión de estos liderazgos de la posibilidad de acceder a derechos o a mecanismos de protección efectiva.
Finalmente, la investigación emite una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan, la creación e implementación de una política de movilidad humana integral orientada a garantizar una migración segura que respete los derechos humanos, no solo de forma discursiva; desmilitarización de la política migratoria; reconocer el trabajo de las personas defensoras, garantizando su participación en el diseño de la política migratoria; y fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas.
Este informe nos da pistas de la situación de las personas defensoras de la población en contextos de movilidad en el país, y reclama un análisis más profundo que conlleve a acciones de reconocimiento y protección de quienes buscan que las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan una vida digna y libre de violencias en el país. La investigación es parte de la campaña ‘Conecta por los Derechos’, y de diez investigaciones
más que se realizaron en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Perú.
TE RECOMENDAMOS LEER:
Síguenos en