Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El primer día del nuevo esquema gubernamental para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales sirvió nuevamente para denostar a la burocracia autónoma que durante dos décadas colonizó al Inai.
Ese organismo tuvo un presupuesto de 1,000 millones de pesos y apenas 3% de la población —de acuerdo con el Inegi— requirió sus servicios. Ahora, con la mitad de esos recursos, Transparencia para el Pueblo deberá asumir 80% de antiguas funciones, aunque solo resolverá sobre las solicitudes de acceso a la información del Ejecutivo federal.
¿Ahorros por la simplificación orgánica? Para el ejercicio fiscal 2025, el Congreso de la Unión concedió 489 millones de pesos al Inai en el entendido que su extinción ocurriría antes de que concluyera el primer semestre del año; la administración saliente reintegró a la Tesorería 147 millones y todos los exempleados del Inai —incluidos ocho que estaban amparados por el Poder Judicial— obtuvieron sus liquidaciones.
Transparencia para el Pueblo tendrá un estructura orgánica cuatro veces más pequeña que el Inai y poco menos de la mitad de sus plazas. La plantilla —de 400 trabajadores— todavía no está completa. “Incorporaremos los perfiles idóneos, sean o no del Inai”, anticipó la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro. “Había demasiados jefes y muy poquitos arrastraban el lápiz”.
El nuevo órgano —cuyo titular es María Tanivet Ramos Reyes— administrativamente quedó en su égida, mientras que José Vicente Peredo Vázquez quedó encargado de la Unidad de Datos Personales y Alejandro García Ravizé Guizar, de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La nueva titular de Transparencia para el Pueblo ya tiene un equipo de trabajo, encabezado por Francisco Raúl Álvarez Córdoba, recién nombrado director general de Asuntos Internacionales e Información, quien tendrá que hacer frente a antiguos cuestionamientos en su época como funcionario del Inai, que en su momento casi evitaron su llegada al Comité de Participación Ciudadana del SNA.
El primer órgano autónomo completamente sustituido. Ahora viene la nueva estructura que reemplazará al IFT y a la Cofece, que quedará a cargo de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones.
Habrá que ver cómo explica las bondades de la iniciativa, cómo justifica el aroma de censura, y sobre todo de qué diagnóstico parte. Tal como se expuso en esos días en el conversatorio que organizó el Senado sobre el tema, hay “expertos” que consideran que el sector va viento en popa, que se ha abierto la competencia y que debería desaparecer la figura de preponderancia. Si Merino presta atención a esas malintencionadas afirmaciones, partirá de un análisis erróneo.
Tal como lo expresó ayer el especialista The CIU, Gonzalo Rojón, todavía hay mucho que hacer en el sector de las telecomunicaciones. Indicó que los datos públicos muestran que alrededor del 52% de los ingresos totales del sector sigue en manos de América Móvil. Y no solo eso, al cierre de 2024, ese operador aún concentraba el 55.7% del mercado de telefonía móvil y el 40% de la banda ancha fija, lo que es una muestra fehaciente de que la concentración se mantiene intacta.
Así que, más que pensar en retirar la condición de preponderancia, explicaron ayer analistas en el tema, habría que pensar en cómo reforzar la regulación, que como ayer exhibió Rojón, ésta no ha sido del todo eficaz. La concentración de un solo operador en las telecomunicaciones no solo ha desincentivado a operadores, sino que ha provocado que incluso empresas como Telefónica incluso hayan recurrido a una medida extrema como lo fue la devolución de espectro.
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