Redacción El Coahuilense
Aunque la Constitución del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal no establecen requisitos para ser secretario de despacho en el gabinete del gobernador, no deja de sorprender que uno de los funcionarios carezca de título profesional.
La revisión de los antecedentes académicos del secretario de Vivienda y Desarrollo Territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, arrojó que no tiene cédula profesional aunque se dice que es abogado.
Hasta eso, ha tenido el buen gusto de no ostentarse como egresado de alguna carrera en la semblanza que sobre él existe en los sitios oficiales donde sólo expone que realizó tres diplomados, es empresario y ha ocupado cargos públicos y de representación popular.
La cuestión estriba en que el señor Sánchez Guajardo, al parecer, tampoco ha realizado sus estudios de bachillerato y una revisión ha permitido advertir a personal público que presentó un certificado de prepa que es apócrifo.
El chisme corre por numerosas áreas pues, en sentido estricto, ostentarse como bachiller podría significar una irregularidad que corresponde verificar a la secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Elma Marisol Martínez González.
El incendio que desnudó la omisión
El incendio del domingo en la planta de Daimay Automotive Interior, en el Parque Industrial Finsa, en Ramos Arizpe, arrojó una serie de omisiones gubernamentales en la inspección lo que ha permitido que esa, como otras tantas empresas, operen sin controles mínimos.
Al parecer, las condiciones meteorológicas de esa tarde, permitieron que no se impactara significativamente la calidad del aire y, pese a eso, de manera preventiva, se recomendaron medidas similares a las de una contingencia ambiental pues hasta la noche de ese mismo día no había claridad en lo ocurrido.
El problema está en los permisos y la nula supervisión. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) de Javier Rodríguez Mendoza, ha incumplido con los términos y condiciones en materia de impacto ambiental. En concreto, la empresa que operaba desde octubre del año pasado no había iniciado su trámite de autorización como generador de residuos de manejo especial, ni su Licencia de Funcionamiento en Materia de Atmósfera.
De hecho, no hay evidencia de cumplimiento de su programa de obras y actividad y ni siquiera había notificado a la autoridad ambiental del estado el inicio de sus operaciones, asuntos todos estos a cargo de la Propaec.
La política, como siempre, ha permitido que Rodríguez Mendoza permanezca al frente de la dependencia como cuota de poder al PVEM de José Refugio Sandoval y esta vez, de nueva cuenta, enfrentamos los saldos de su omisión.
Y en materia del Trabajo
La planta de Daimay Automotive es una tapicería industrial que se dedica a fabricar viseras y descansabrazos para automóviles. Luego, es una empresa del sector automotriz que es de competencia federal.
Al corresponder a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las condiciones de seguridad e higiene tendrían que haber sido supervisadas por la Dirección Federal de Inspección pero, como se ha advertido en otras oportunidades sobretodo con la minería del carbón, la cantidad de inspectores es ridícula desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador y desmanteló la inspección federal en el país.
Para el caso de Coahuila, sólo se cuenta con un representante, José Luis González Fuente al parecer, y tres inspectores que deben revisar mil 600 empresas. En tanto, la estatal tiene más de 62 mil empresas de su competencia que tampoco ha atendido.
Hasta ahora no se sabe si Protección Civil de Ramiro Durán había revisado previamente las instalaciones de Daimay Automotive o de otras de las miles de plantas en la entidad pero eso sí, la implementación de un protocolo consiguió que 300 trabajadores fueran evacuados a tiempo.
Es claro que el relajamiento en la inspección a industrias en Coahuila, tanto por lo que toca a la federación como al estado, puede tener graves consecuencias.
Llamado a Samperio
Hace unos días, en este mismo espacio, hicimos notar que en la Fiscalía Anticorrupción y con el aparente acuerdo de la Auditoría Superior del Estado, se le había dado carpetazo a un centenar de carpetas de investigación con el propósito de eliminar el rezago.
La medida termina favoreciendo a los funcionarios del gobierno de Rubén Moreira, así como a los del primer año de Miguel Ángel Riquelme.
Hoy se espera que durante la sesión del congreso local, el diputado morenista Antonio Attolini Murra, proponga un punto de acuerdo para que la fiscal Anticorrupción, Karla Samperio, comparezca ante el legislativo para explicar el método de depuración que estableció para eliminar el rezago en carpetas de investigación.
Habrá que ver cómo vota el pleno, pues ahora a Luz Elena Morales, la presidenta de la Junta de Gobierno, se le empieza a hacer fama de ser muy estricta pero de manera selectiva cuando de llamar a cuentas se trata.
¿Quién responde por el J. Talamás?
Va a cumplirse un año de que el auditorio “Emilio J. Talamás” de la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila está inhabilitado. Resulta que la falta de mantenimiento provocó una filtración tan grave con las lluvias que de plano, el recinto debió suspender operaciones.
De por sí, el campus está medio abandonado con la migración de escuelas a la Ciudad Universitaria, un espacio al que se le han echado todos los kilos y quizás los recursos.
Hasta ahora no se sabe si se ha iniciado un procedimiento o alguna investigación sobre los funcionarios responsables de administrar el presupuesto y cuidar el patrimonio inmueble universitario, competencia que es, precisamente de la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios, a cargo de Paulette Seceñas Vázquez.
En los corrillos universitarios, se ha extendido la versión de que todo fue por un proceso mal realizado de impermeabilización y el daño al inmueble se considera grave ¿qué tan grave? Pues tanto como para llevar 11 meses en suspensión de operaciones y sin intervención.
Una vez más la pelota está en la cancha de la contraloría general de Dalila Valdés Rodríguez, tanto por los funcionarios implicados como por el proveedor que por ahora permanece incógnito.
Sin embargo, poco se puede esperar de información porque la contralora Dalila Valdés, suele ser tan pero tan críptica que tanto ella como sus subcontralores y personal parecen estar entretenidos en la nada.
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