Redacción El Coahuilense
Saltillo, Coahuila.- En un momento crucial para el derecho a la información en México, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) enfrenta su mayor transformación en 20 años de historia.
Mientras el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desaparece por mandato de la reforma federal, Coahuila trabaja en un nuevo modelo que preserve los avances logrados, aunque con cambios profundos en su estructura y operación.
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La presidenta del Consejo General del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, explica esta transición con una metáfora contundente: «Es como cuando una persona entra a un restaurante y puede ver la cocina a través de un cristal. Esa visibilidad genera confianza».
Con esta imagen, describe el principio que guiará la transformación del organismo que ha resuelto más de 16 mil recursos de revisión y atendido más de 220 mil solicitudes de información desde su creación en 2004.
El proceso de adaptación no será sencillo. El Congreso local ya inició la homologación constitucional requerida tras las reformas publicadas el 20 de diciembre de 2024 y las leyes generales emitidas el 20 de marzo de 2025.
El nuevo esquema plantea que cada poder público y organismo autónomo atenderá los recursos de revisión a través de sus propios órganos internos de control, mientras que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas supervisará este derecho en el Poder Ejecutivo y los municipios.
El ICAI no desaparecerá, sino que podría migrar hacia una figura de organismo desconcentrado, como se ha planteado a nivel federal, sin que ello implique la pérdida de los derechos adquiridos en materia de acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos personales, asegura Fuentes Mancillas.
Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos.
Uno de los principales problemas que ya se vislumbran es el cumplimiento municipal. La diputada local Zulmma Verenice Guerrero Cázares advierte que «ante la inminente desaparición del ICAI, muchos municipios han relajado sus obligaciones de transparencia«.
Aunque no especificó qué ayuntamientos incumplen, señaló que varias nuevas administraciones no han publicado sus estados financieros, obras contratadas ni el uso de recursos públicos al cierre del primer trimestre de 2025.
Los números del ICAI reflejan su importancia histórica: solo en 2024 atendió 11 mil 528 solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las cuales 1 mil 624 correspondieron a municipios como Saltillo, Torreón y San Pedro.
En cuanto a recursos de revisión, de los 177 sujetos obligados en Coahuila, 104 fueron objeto de estos procedimientos, acumulando un total de 819 recursos: 382 contra ayuntamientos, 123 contra el Poder Ejecutivo y 128 dirigidos a organismos autónomos.
El diputado federal Jericó Abramo Masso ofrece una perspectiva crítica sobre estos cambios: «Estamos dejando en manos de una sola persona —el titular de esa secretaría— la decisión de qué información se entrega, cuándo y cómo».
Para el legislador, esto representa un retroceso que podría derivar en opacidad: «Antes te enterabas en cinco clics; ahora puede que necesites más de 200 para encontrar la misma información«.
Mientras tanto, la Plataforma Nacional de Transparencia ya muestra los efectos de esta transición. Al acceder al sistema, un aviso informa que el nuevo organismo administrativo desconcentrado «Transparencia para el Pueblo» ha asumido las funciones del extinto INAI, aunque con limitaciones temporales en la recepción de recursos y denuncias hasta junio de 2025.
Ante este escenario, Fuentes Mancillas hace un llamado a no bajar la guardia.
«Trabajamos de manera cercana con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para armonizar la Ley General de Transparencia con las condiciones específicas de Coahuila».
Reafirma que, más allá de los cambios estructurales, el compromiso con la rendición de cuentas y la protección de datos personales seguirá siendo prioritario.
La transformación del ICAI marca un punto de inflexión en la historia de la transparencia en Coahuila.
Mientras algunos ven riesgos de retroceso, otros confían en que la experiencia acumulada en dos décadas permitirá adaptarse sin perder lo esencial.
«Lo que desaparece no es el derecho, sino ciertas formas de garantizarlo», insistió la comisionada presidenta del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas.
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Con información de Capital Coahuila | QT
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