Redacción El Coahuilense
El juez federal Orlando Díaz Delgadillo ordenó la reapertura de la carpeta de investigación sobre posibles actos de corrupción en el Hospital Regional del ISSSTE en León, luego de anular la decisión del Ministerio Público federal de archivar la denuncia sin realizar diligencias.
Entre los señalados figura Gabriel Cortés Alcalá, quien fue director del hospital y actualmente se desempeña como secretario de Salud del estado de Guanajuato.
La denuncia publicada por el medio Proceso fue interpuesta el 17 de octubre de 2024 por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual directora del hospital, y detalla supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas catalogadas como “fantasma” o de reciente creación. De acuerdo con investigaciones periodísticas, algunas de esas compañías tendrían vínculos con funcionarios de la institución.
En la audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, el juez consideró que la actuación de la agente del Ministerio Público, Diana Martínez, fue inadecuada al resolver no ejercer acción penal apenas 17 días después de recibir la denuncia. Subrayó que no se ordenó ninguna diligencia ni se solicitaron pruebas, lo cual contradice los principios de una investigación inicial, señala el medio.
El juez también cuestionó que el representante legal del ISSSTE sólo contara con 24 horas para presentar documentación. Según la defensa del Ministerio Público, parte de las pruebas se entregaron por mensajería y no de forma presencial, mientras que algunos testigos no acudieron en el tiempo establecido, publicó Proceso.
La resolución obliga al Ministerio Público federal con sede en Guanajuato a retomar la investigación y efectuar todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Esto incluye evaluar la posible responsabilidad de funcionarios que actualmente laboran en la administración pública estatal.
De acuerdo al medio, Gabriel Cortés Alcalá encabezó el Hospital Regional del ISSSTE en León entre abril de 2023 y septiembre de 2024. Durante su gestión se adjudicaron contratos por servicios como mantenimiento, vigilancia y remodelaciones a empresas presuntamente irregulares, con un posible daño patrimonial estimado en más de 50 millones de pesos.
Según Proceso, los señalamientos en contra del actual secretario de Salud motivaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del ISSSTE.
El caso también generó reacciones en el Congreso de Guanajuato, donde legisladores de distintas fracciones, incluyendo PAN y Morena, solicitaron su separación del cargo mientras se desarrollaban las investigaciones.
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