Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
TWITTER: @ARTURO_RDGZ
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha dejado ver que la contaminación del aire, y en concreto las partículas PM 2.5, figuran entre sus principales preocupaciones… preocupaciones instagrameables, hay que decir.
En enero de 2025, las concentraciones de PM 2.5 en el área metropolitana de Monterrey alcanzaron los niveles más altos desde 2020, lo cual derivó en contingencia ambiental y clausura temporal de la refinería de Cadereyta.
Estas partículas microscópicas penetran los pulmones, elevan hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiacas, y afectan sobre todo a niños y ancianos. Las autoridades lo saben, y presumen incluso nuevos impuestos verdes y la creación de la Comisión Ambiental Metropolitana.
Sin embargo, lo que está en entredicho es la estrategia elegida para hacerle frente. Y es que, recientemente, Samuel García anunció con bombo y platillo el cierre definitivo de Zinc Nacional, empresa que calificó como “una chimenea de contaminación asquerosa” que ya no volverá a operar.
Si bien es cierto que esta industria presuntamente rebasaba los niveles permitidos de contaminación por mucho, también se sabe que es la primera firma que cae producto de unos operativos en donde la Profepa utiliza el respaldo de más de 500 elementos de la Fuerza Civil, es decir, la policía estatal.
Apoyar esas medidas draconianas puede ser políticamente rentable en la foto institucional, pero hay una falencia: mientras los agentes de la fuerza pública rodean industrias, la ciudadanía percibe que la inseguridad y el caos vial persisten. Cualquier sondeo arroja que seguridad, transporte y vialidad siguen siendo las principales preocupaciones de la población en Monterrey y su zona metropolitana.
Se observa más despliegue de fuerza pública para patrullar medio ambiente, que acciones para detener homicidios, robos, fallas en servicios y congestión. Lo paradójico es que ambas crisis, calidad del aire y seguridad pública, requieren políticas preventivas, vigilancia inteligente y participación ciudadana, no más patrullajes.
Lo anterior se agrava cuando la estrategia de Samuel García recae en medidas reactivas. Clausuras en industrias, multas, inspecciones sorpresa. Pero no hay señales de un plan robusto para atacar el origen del problema o modernizar el parque vehicular, ampliar transporte público de bajas emisiones ni garantizar combustibles limpios.
Más aún, los operativos antidumping ambiental, si bien necesarios, no solucionan la emergencia respiratoria cuando el parque automotor sigue contaminando y se toleran quemas, incendios forestales y refinerías sin modernizar. La creación de la Unidad Ambiental para perseguir delitos fue anunciada en mayo durante la novena sesión de la CAME, pero requiere coordinación real con seguridad pública, salud, movilidad y hacienda.
El gobierno estatal debe pasar de operativos con militares y anuncios mediáticos, a una política integral. Rediseño urbano que priorice el transporte masivo limpio, regulación firme al combustible, incentivos reales a empresas y ciudadanos para renovar vehículos, y campañas permanentes de cultura ambiental. Solo así se podrán reducir sostenidamente las PM 2.5, sin sacrificar la confianza pública en la capacidad del Estado de protegerlos, no solo del aire que respiran, sino del entorno en el que viven.
Cuidar los símbolos
La sanción impuesta a Avacor S.A. de C.V., propiedad del matrimonio formado por Carlos Prats García y Anna Viesca, por utilizar sin autorización el logotipo de la Guardia Nacional en equipo táctico que comercializaba a diversas entidades del gobierno no solo exhibe una falta grave, sino también una peligrosa normalización del uso indebido de símbolos oficiales.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, inhabilitó 30 meses y una multa económica, en una medida que debe entenderse como un mensaje claro a otras empresas proveedoras.
Resulta alarmante que una compañía con experiencia y contratos con entidades como Tabasco, Querétaro y el Poder Legislativo de Campeche incurriera en una violación tan evidente de la ley, al punto de enfrentar sanciones que incluso podrían implicar responsabilidad penal.
Si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no revierte esta sanción, sentará un precedente relevante para evitar que la imagen institucional de cuerpos como la Guardia Nacional sea trivializada o utilizada con fines comerciales. El combate a la corrupción también empieza por cuidar los símbolos.
Red financiera bajo la lupa
Los vínculos familiares y políticos que rodean a la familia Herrejón colocan nuevamente al sistema financiero mexicano en el centro de una tormenta.
La trayectoria de Óscar Herrejón terminó marcada por denuncias de violación, fraude y una millonaria demanda laboral contra CIBanco, donde trabajó más de una década.
Su captura internacional y extradición a México desataron una investigación que ahora salpica a su hijo Manuel, también excolaborador del banco, quien trasladó su influencia a Masari Casa de Bolsa, dirigida por Ernesto López Quezada. Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encendieron las alertas cuando Manuel Herrejón intentó impulsar a Masari como institución bancaria.
La aparición de una firma bajo su control como presunta capitalizadora reveló la fragilidad del intento, agravada por sus nexos políticos y por movimientos financieros sospechosos.
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