Durante 2023, más de 32 mil adolescentes fueron imputados por presuntos delitos en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los datos, contenidos en el programa Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol), revelan un incremento de 42.2% respecto a 2021.
El reporte, que abarca el periodo 2017-2023, detalla que los delitos con mayor frecuencia entre las personas de 12 a 17 años imputadas fueron lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4%), abuso sexual (9.0%) y narcomenudeo (8.4%).
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En total, 1,508 adolescentes fueron internados en centros especializados; 9 de cada 10 eran hombres. No obstante, el 66.3% de los jóvenes sancionados recibieron medidas no privativas de la libertad, mientras que el 33.7% enfrentaron medidas restrictivas.
El informe también documenta diferencias por entidad federativa. Coahuila y Durango reportaron tasas por encima del promedio nacional en ingresos a centros de internamiento por cada 100 mil adolescentes entre 14 y 17 años. Coahuila alcanzó una tasa de 16.8 y Durango de 22.8, mientras que el promedio nacional se situó en 16.6. En números absolutos, Coahuila registró 1,406 adolescentes imputados y Durango 503.
En cuanto al perfil de las víctimas, el Inegi reportó un total de 28,899, de las cuales 6 de cada 10 eran mujeres. Más de la mitad tenía 19 años o menos.
Respecto al proceso judicial, en 2022 el 51.5% de los adolescentes reportaron haber recibido asesoría legal durante su estancia en el Ministerio Público. Además, el 82.5% declaró haber estado acompañado por una persona adulta en su primer encuentro con una autoridad judicial.
El consumo de sustancias también fue reportado como un factor presente. El 88.2% de los varones y el 77.3% de las mujeres señalaron haber consumido alcohol, tabaco o marihuana alguna vez en su vida.
El programa Epacol busca generar información estadística sobre los adolescentes que ingresan al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (Sijpa), así como sobre los organismos que lo integran y los derechos que deben garantizarse en este contexto.
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Con información de El Siglo de Torreón | RB
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