Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Luego que se registrara en Chiapas el caso de feminicidio número 22, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) expresaron su preocupación por el incremento de violencia feminicida en el estado durante este 2025 y extendieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar estrategias de prevención y actuación ante la violencia hacia las mujeres en la entidad.
De acuerdo al registro de la organización Melel Xojobal, hasta junio de este año se han registrado 22 feminicidios en Chiapas, de los cuales 5 corresponden a menores de edad: Paola Allyson de 9 años asesinada en Mapastepec en marzo; las hermanas Rosa Valeria y Deisy Guadalupe de 14 y 17 años, asesinadas en San Juan Chamula en abril; Fabiola Esmeralda de 17 años asesinada en San Cristóbal en mayo; y Marbeli Mabeli de 7 años asesinada en Frontera Comalapa en junio.
A lo anterior, se suma una adolescente de 16 años lesionada por arma de fuego durante una agresión armada a otra mujer en Tuxtla Gutiérrez en el mes de febrero y el reciente caso ocurrido en Mapastepec. Así como la muerte violenta de 3 hermanas de 2, 4 y 6 años por envenenamiento en El Bosque.
Cabe señalar que en junio de este año, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, asistieron al arranque de los Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), en el municipio de Huixtán, no obstante Cimacnoticias señaló que los resultados de dicho espacio están en duda por las diversas crisis humanitarias que enfrenta la entidad.
Los Centros LIBRE se presentaron sin una fecha establecida para conocer resultados reflejados en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes chiapanecas, tampoco se habló de indicadores y cómo enfocarían su atención en un territorio tan complejo como lo es Chiapas y las violencias que enfrentan sus mujeres.
Según la Secretaría de las Mujeres, Centros LIBRE, son espacios dedicados a la atención a las mujeres de México, a nivel nacional se edificarán este año 678 a través de una inversión de 754 millones 538 mil 872 pesos, donde se contará con asesoría jurídica y psicológica para las víctimas de violencia de género, y se dijo que conformarán redes comunitarias para el cambio cultural y la promoción de los derechos de las mujeres.
Durante la inauguración del LIBRE para las Mujeres en Huixtán, el primero de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado, la secretaria Citlalli Hernández indicó que son espacios para brindar servicios en materia psicológica y jurídica, de atención a denuncias de cualquier violencia y también lugares para fomentar el desarrollo y la autonomía a través de talleres y actividades.
Los centros son espacios dedicados a las mujeres con atención integral y servicios que buscan «promover sus derechos, impulsar sus autonomías, prevenir y atender las violencias, así como ayudar a la consolidación de redes comunitarias y favorecer el cambio cultural», según explicó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, en abril cuando presentó las Políticas del Bienestar para las Mujeres durante la mañanera.
La violencia feminicida afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria y familiar. En ese escenario, las infancias y adolescencias se convierten en víctimas indirectas a causa del feminicidio de sus madres. Datos de la Alerta de Violencia de Género (AVG) permiten inferir un número de niñas, niños y adolescentes que han quedado en orfandad por el delito de feminicidio.
Aunque dicha Alerta reconoce únicamente 11 feminicidios hasta mayo del 2025, señala que, al menos 6 de las víctimas eran madres y que éstas tenían un promedio de dos hijas e hijos. De acuerdo a dichas estadísticas, al menos 10 eran menores de edad.
Por otro lado, en un escenario de violencia feminicida generalizada en Chiapas, se ha incrementado la violencia hacia niñas y adolescentes y mujeres. Como botón de muestra, de acuerdo a las Estadísticas de la Alerta de Violencia de Género publicadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas en este semestre se han iniciado 989 carpetas de investigación por violencia hacia mujeres: 42% corresponden a delitos hacia niñas (21%) y adolescentes (21%). En este contexto sobresale el gran número de delitos de violencia sexual hacia este grupo. En el primer semestre del 2025, con 169 carpetas de investigación.
Con estas estadísticas, en 2025 REDIAS identificó por primera vez un mayor número de agresiones hacia niñas y adolescentes mujeres que hacia sus pares hombres. Esto representa una nueva tendencia: ya que generalmente eran los hombres adolescentes el grupo poblacional con mayor número de homicidios y muertes violentas; mientras que las mujeres concentraban otro tipo de delitos como la desaparición y la violencia sexual. Sin embargo, actualmente las niñas y adolescentes mujeres encabezan todas las formas de violencia.
En este contexto, desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas hicieron un llamado para generar estrategias de prevención específicas que parten desde su contexto y convocan a sumarse a la denuncia de esta crisis de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.
Recordaron que el Estado tiene la obligación de generar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño. Así como medidas para visibilizar la violencia de género y mensajes de cero tolerancia.
Contexto chiapaneco
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las mujeres de esta entidad federativa se enfrentan a diferentes contextos de violencia como desplazamiento forzado, desapariciones y agresiones contra personas defensoras.
Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre’ del 2023, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el estado de Chiapas señaló que se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia.
En primer lugar, está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.
Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.
La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilita la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.
A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic.
Datos del nuevo informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llamado «Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal», señalan el siguiente panorama que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres de esta entidad federativa.
Desplazamiento forzado
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en México existen altos niveles de violencia que ocasionan violaciones a derechos humanos y que se profundizan gracias a la corrupción, impunidad y la falta de acceso a la justicia que ha causado el desplazamiento forzado de personas abandonando sus territorios.
El panorama actual de mujeres desplazadas apunta que, de enero de 2023 a junio de 2024, aproximadamente 15 mil 780 personas originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila, han tenido que desplazarse.
Bajo este clima, se ha desgarrado el tejido social de las comunidades y pueblos originarios, afectando sobre todo a los grupos más vulnerables como las mujeres, ya que al desplazarse pueden enfrentarse a restricciones de servicios de salud como la sexual y reproductiva o la violencia sexual en campamentos o alberges.
Una de las preocupaciones del CDH Fray Bartolomé de las Casas, es que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares afectando las libertades de las mujeres y su independencia. Esto quiere decir que los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o que dependan de terceros afectando su autonomía para movilizarse.
Desapariciones
CDH Fray Bartolomé de las Casas apunta a que la violencia machista es una de las mayores causas de las desapariciones de las mujeres, la cual ya ha alcanzado el 60% de la cifra del estado y sobrepasó el promedio nacional de 25%. En su mayoría afecta a niñas y adolescentes y entre los objetivos principales está la trata y explotación sexual.
«La violencia machista no es algo diferenciado de los otros mecanismos de violencia que sufren las comunidades, sino que tiene una raíz común en una violencia sistémica con la que se pretende dominar el territorio», indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que, a nivel nacional, 127 mil 445 personas han desaparecido; mientras que en Chiapas son 7 mil 163 personas desaparecidas, de las cuales 3 mil 833 son mujeres y 3 mil 330 hombres. Del total, cerca de mil 997 son adolescentes entre 15 y 19 años (mil 492 mujeres y 485 hombres) y mil 735 infantes de entre 0 y 14 años (mil 91 niñas y 644 niños).
A partir de 2006 a 2018 se observó un aumento en las desapariciones de mujeres en Chiapas logrando superar la cifra de los hombres. Además, la edad más frecuente de desaparición de las mujeres es de 15 años provocando que tres de cada diez personas en este rango de edad continúan desaparecidas.
Ahora, las necesidades del estado están en la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, un órgano de consulta establecido en la Ley de Desaparición para el estado de Chiapas, el cual a más de cinco años de ser anunciado nunca se ha sido materializado.
Agresiones contra defensoras
Para el CDH Fray Bartolomé de las Casas, las personas se vuelven defensoras ante la necesidad, ya sea porque sus derechos o los de alguna persona cercana han sido violentados:
«Esto puede suceder por varios motivos, uno de ellos porque con su accionar trastocan intereses de actores poderosos, como: autoridades de varios niveles, caciques, empresas o grupos criminales, entre otros. Por lo que pueden sufrir violaciones a derechos humanos de varios tipos que van desde amenazas, hostigamientos, agresiones físicas; hasta desaparición y asesinato» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Anteriormente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) documentó, en su balance sexenal que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 92 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras, de los cuales 76 fueron hombres y 16 mujeres, la mayoría ocurrieron en Oaxaca y Chiapas.
En Chiapas, son las defensoras y los defensores de la tierra y territorio; quienes se oponen a intereses del crimen organizado; quienes protegen los derechos de la comunidad LGTBQ+; periodistas; y quienes defienden el derecho a migrar los que terminan siendo criminalizados por su labor.
Particularmente, el informe se detiene a denunciar a las mujeres que han sido encarceladas injustamente por delitos que no cometieron. En su informe, «Fabricación de culpables» documentaron que las mujeres de Chiapas no son inmunes a la fabricación de delitos y la detención arbitraria. La colectiva Cereza, que acompaña este tipo de casos, identificó que la mayoría de las mujeres son encarceladas por delitos que no cometieron.
Además, son detenidas junto a su pareja (a quienes liberan antes que a ellas), sin orden de aprehensión con base a una detención en flagrancia para ocultar la detención arbitraría. Aunado a esto, las autoridades cometen abuso sexual contra ellas.
«Aunque a primera vista la fabricación de culpables parece impactar principalmente a los hombres, es importante examinar con más detalle cómo las mujeres también se ven afectadas. Algunas defensoras o no, terminan encarceladas, mientras que otras acompañan a personas cercanas son injustamente detenidas. En ambas situaciones, el Estado es incapaz de respetar sus derechos humanos y mucho menos de adoptar una perspectiva de género. Este es un sistema de opresión que invisibiliza las profundas injusticias y refuerza una lógica misógina y de exterminio» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
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