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Monclova, Coahuila.- Los trabajadores y acreedores generales de Altos Hornos de México (AHMSA) enfrentan escasas posibilidades de recibir pagos por liquidación o saldar adeudos, debido a que los principales activos de la empresa están comprometidos como garantía con acreedores financieros, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), la trasnacional Cargill y Grupo Villacero.
Así lo expone el síndico de la quiebra, Víctor Aguilera, en una solicitud enviada a la jueza del concurso mercantil, Ruth Haggi Huerta, en la que detalla que los derechos laborales de los trabajadores y empleados alcanzan los 15 mil 932 millones de pesos, equivalentes a unos 840 millones de dólares al tipo de cambio actual.
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No obstante, en cumplimiento de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Concursos Mercantiles, el monto con prioridad de pago se reduce a aproximadamente el 20%, es decir, a tres mil 300 millones de pesos, que corresponde a los salarios y prestaciones del año previo a la declaratoria de concurso mercantil emitida el 22 de junio de 2023.
El síndico precisó que estos recursos deben obtenerse mediante la venta de activos no comprometidos en garantía. Sin embargo, gran parte de los bienes muebles e inmuebles ya fue enajenada por el fondo Argentem o autorizada al propio síndico para mantener una plantilla mínima de personal, lo que dificulta alcanzar la cantidad requerida.
Además, según lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de insuficiencia de recursos, los acreedores garantizados deberían aportar para cubrir los pagos laborales prioritarios. Sin embargo, en este caso, los mecanismos legales aplicados no permiten dicha contribución.
De acuerdo con la sindicatura, incluso en el improbable caso de reunir los fondos para este primer pago, los acreedores garantizados tendrían derecho a cobrar posteriormente, y solo si existieran recursos adicionales se podría proceder a un segundo pago laboral, estimado en mil 732 millones de pesos. Para los acreedores generales, como prestadores de servicios y constructoras, las posibilidades de cobro son nulas.
Un integrante del área técnica de AHMSA señaló que las condiciones actuales de las plantas y minas, junto con los compromisos legales, hacen inviable obtener los fondos necesarios.
“Es más sencillo y menos costoso instalar una nueva siderúrgica que intentar reactivar AHMSA”, comentó.
Por su parte, el abogado laboralista Federico Rosas, quien participó en la liquidación de Mexicana de Aviación, afirmó que los trabajadores suelen albergar expectativas poco realistas en estos procesos, muchas veces alentadas por dirigentes.
Cuestionó la actuación de los gobiernos federal y estatal, a quienes atribuyó haber generado falsas esperanzas mientras la situación se deterioraba.
Rosas recordó que, a diferencia del caso de AHMSA, en la quiebra de Mexicana existía una unidad productiva viable y el gobierno federal intervino para facilitar el pago parcial de liquidaciones mediante la compra del nombre de la aerolínea.
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RB
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