Álvaro Delgado
Por Álvaro Delgado Gómez
La corrupción ha sido siempre el sello del priista Enrique Peña Nieto, cachorro del putrefacto Grupo Atlacomulco, cuya gris carrera burocrática como Secretario del Estado de México, Diputado local, Gobernador y Presidente de la República lo convirtió en el multimillonario que vive en España y viaja por el mundo en aviones privados. Pero, además de deshonesto, es intocable: La Fiscalía General de la República (FGR) solapa los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Cuando asumió la Presidencia, en 2012, Peña informó que poseía unos 15 millones de pesos sólo en inversiones, monedas y metales, además de cuantiosas propiedades inmobiliarias que le donaron sus padres —una fortuna de suyo sospechosa si sólo había sido servidor público por impulso de su tío Arturo Montiel—, pero al concluir el cargo omitió todo dato de lo que poseía, en una conducta característica de los que esconden lo mal habido.
¿A cuánto asciende la fortuna de Peña Nieto? Sólo él lo sabe, pero hay indicios de que es fabulosa. Emilio Lozoya, su cómplice en los sobornos de Odebrecht, lo ha llamado jefe de “una maquinaria de corrupción”, en cuya campaña presidencial se usaron cien millones de pesos para asesores publicitarios y otros 120 millones para corromper a legisladores del PAN que aprobaron sus reformas. Y la conseja popular dice que el que reparte, se queda con la mayor parte.
Hay otros datos sobre la riqueza de Peña Nieto: En sólo dos años, entre agosto de 2019 y octubre de 2021, recibió en España desde México 26 millones de pesos en tres transferencias internacionales, desde una cuenta de una familiar consanguínea.
Esta misma familiar, que debe de ser una de las dos jóvenes hijas de Peña Nieto, manejó cantidades multimillonarias durante el Gobierno federal, según los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), difundidos por su titular, Pablo Gómez: Retiros de cuentas por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos, entre el año 2013 y el año 2022.
Y un dato fundamental: Se hicieron depósitos muy peculiares a Peña Nieto por 36 millones 333 mil 939 pesos, entre 2013 a 2022, que por tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente de ese dinero. El efectivo, no se olvide, suele ser dinero sucio.
Por eso, con base en estos datos que hizo públicos hace exactamente tres años —el 7 de julio de 2022—, la UIF presentó denuncia ante la FGR, que casi un mes después, el 2 de agosto, informó que integró tres carpetas de investigación contra Peña Nieto: Por delitos federales de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
Ahora que Peña Nieto ha sido señalado de recibir un soborno de 25 millones de dólares en el litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher —dueño de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus—, según el diario israelí The Marker, es fundamental que la FGR informe de manera pública sobre estas tres investigaciones de delitos tan graves como el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
Tres años después de haber informado de estas investigaciones sobre Peña Nieto, con base en la información financiera documentada por la UIF, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero no ha dicho siquiera si el expresidente de México ha testificado o facilitado información para el esclarecimiento de los hechos que la propia FGR apunta hacia una monumental corrupción.
Es verdad, como lo dijo la FGR, sobre el delito de lavado de dinero se requería realizar dictámenes periciales hacendarios y fiscales, junto con otras pruebas indispensables para la judicialización del caso. Y sobre la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, los dictámenes fiscales y patrimoniales se estaban desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Y en un tercer caso, la FGR informó que también investigaba diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales, cuyos avances en la investigación permitirían judicializaciones en los meses próximos.
Pero, otra vez, no ha pasado nada sobre estas investigaciones de la FGR: Peña Nieto sigue disfrutando de sus millones, en España y en el mundo, niega los sobornos de que lo acusan los empresarios de Israel —“ponen en duda mi honorabilidad”— y se presenta como un adalid de la integridad política y personal.
Lo grave de esta pasividad de la FGR es el mensaje de impunidad que envía a la sociedad: El que la hace no la paga. Inclusive si Peña Nieto es inocente, y su patrimonio es lícito, también debe informarlo públicamente. En una de esas, hay que pedirle perdón.
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