Hiroshi Takahashi
Por Hiroshi Takahashi
Estas medidas incluyen la cancelación de cuentas corresponsales en bancos de Estados Unidos, el bloqueo de transferencias en dólares y la exigencia de reportes más estrictos. La ley aclara que las decisiones del Tesoro no pueden ser apeladas en tribunales: “Esta subsección no confiere ni implica ningún derecho a revisión judicial”.
El Congreso reconoce que la estructura financiera es parte clave del negocio del fentanilo. “El negocio del fentanilo no es posible sin apoyo financiero y actividades ilícitas asociadas”, señala el informe legislativo. Añade que las redes criminales han creado esquemas sofisticados para mover el dinero entre Estados Unidos, China y México. “Una vez en China, los fondos son usados para adquirir precursores químicos, que luego se exportan a México”, explica el documento.
Uno de los cambios más relevantes será en los formularios que utilizan los bancos para reportar operaciones inusuales. El llamado SAR (Suspicious Activity Report) es el mecanismo obligatorio que bancos y otras instituciones financieras deben llenar cuando detectan transacciones sospechosas. Sin embargo, el formato actual no tiene una casilla específica para reportar operaciones ligadas al narcotráfico. “La ausencia de una casilla específica para narcóticos (…) genera reportes inconsistentes, deficiencias en la captura de datos y análisis incompletos”, se advierte en el reporte del Comité de Servicios Financieros.
Por eso, la ley ordena a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que, en un plazo máximo de 180 días tras la entrada en vigor, actualice el formulario para incluir el rubro “tráfico de narcóticos por organizaciones criminales transnacionales”.
Además, FinCEN deberá publicar una nueva guía para identificar operaciones de lavado asociadas al tráfico de fentanilo, en particular aquellas que involucren comercio internacional y redes chinas. Esta guía deberá incluir criterios contenidos en documentos anteriores, como el “FIN-2019-A006”, dedicado a esquemas financieros vinculados a opioides sintéticos.
La ley fue presentada el 25 de febrero de 2025 por el representante republicano Andy Ogles, respaldada por legisladores de ambos partidos y aprobada el 5 de marzo por el Comité de Servicios Financieros con 49 votos a favor y cero en contra. “Esta legislación moderniza nuestras herramientas para rastrear el dinero detrás del fentanilo”, dijo Ogles en su intervención.
Aunque la norma no menciona a instituciones específicas, su aprobación coincide con medidas recientes del Tesoro contra bancos mexicanos. Bajo este nuevo marco legal, el gobierno estadounidense ya ha comenzado a emitir restricciones que afectan a instituciones señaladas por presuntamente facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides.
Para la banca mexicana, esto representa un nuevo tipo de riesgo: una sanción unilateral, inmediata y sin opción de defensa pública, con impacto directo en su relación con bancos estadounidenses y acceso al sistema financiero internacional. Ya lo están viviendo los de Vector, CIBanco e Intercam.
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