Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Dentro de los trabajos legislativos de Comisiones unidas de Bienestar y Estudios Legislativos del Senado de la República, se aprobó la armonización legal que da continuidad a la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, con el objetivo de optimizar las funciones previamente asignadas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reasignándolas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); esta aprobación en comisiones pasará al Pleno del Senado de la República en los próximos días.
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Esta reforma busca fortalecer la medición de índices de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza, promoviendo una mayor eficiencia y menor burocracia en los procesos gubernamentales.
La senadora coahuilense Cecilia Guadiana, destacó la importancia de esta reforma para garantizar una gobernabilidad eficiente y óptima que beneficie a todas y todos los mexicanos.
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“Este tipo de reformas nos permite maximizar el impacto de los recursos públicos con un menor costo, alineándonos con la visión de nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de reducir la burocracia y agilizar los trámites para optimizar los recursos en favor del desarrollo social”, afirmó la legisladora durante su participación en la Comisión de Bienestar.
Contexto de la Reforma.
La iniciativa, enviada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Comisión Permanente el 27 de mayo de 2025, fue aprobada en la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria el 23 de junio de 2025 y recibida en el Senado el mismo día. Esta reforma cumple con lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2024, que instruyó al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones legales necesarias en un plazo de 90 días.
La reforma constitucional elimina el Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, extinguiendo al CONEVAL y reasignando sus funciones al INEGI. Esto permitirá mejorar la eficacia y eficiencia en la medición de la pobreza y la evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (PDS), utilizando el capital humano y las capacidades técnicas del INEGI como órgano constitucional autónomo.
Cambios a la Ley General de Desarrollo Social.
La reforma modifica la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) para:
Mantener las referencias de medición de la pobreza, ampliando las competencias del INEGI para evaluar las Políticas de Desarrollo Social, con el objetivo de reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible.
Garantizar la coherencia normativa, evitando discordancias entre la producción de información estadística y la evaluación integral de las políticas de desarrollo.
El INEGI tendrá la obligación de establecer lineamientos y criterios técnicos para la medición de la pobreza, con estudios que se realizarán al menos cada dos años a nivel estatal y cada cinco años a nivel municipal o demarcación territorial.
Compromiso con el Bienestar.
La Senadora Cecilia Guadiana reiteró su compromiso con las políticas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para construir un México más justo, equitativo y sostenible. “Con estas reformas, avanzamos hacia una gestión pública más eficiente que prioriza el bienestar de las y los mexicanos, reduciendo brechas de desigualdad y fortaleciendo el desarrollo social”, concluyó.
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