Redacción El CoahuilenseCDMX.- Grupo Elektra anunció que impugnará la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual negó el amparo solicitado por la empresa en torno a un crédito fiscal originado en 2012.
En un comunicado, la compañía calificó la decisión como ilegal y acusó que los magistrados del caso actuaron bajo una “agenda e intereses políticos”.
Destacó que la sentencia emitida por los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López omitió considerar impedimentos procesales previamente planteados, lo que, a su juicio, confirma una “alineación con un proyecto político” y pone en riesgo los derechos de los contribuyentes.
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“Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello”, sostuvo la empresa
Ayer, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar dos mil millones de pesos por adeudos fiscales contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Se trata de un litigio activo desde hace cinco años por la omisión de Grupo Elektra de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Ana María Ibarra, magistrada ponente del caso, destacó que la quejosa también solicitó la aclaración de cómo debería calcularse el costo fiscal por la compra venta de acciones tras la escisión de Impulsora Industrial Empresarial Beta.
“No se puede, porque esta empresa Beta nunca operó. Una empresa que nunca tuvo ingresos, nunca inició operaciones, no generó resultados patrimoniales positivos, ni existió. En la vida económica no generó actividad, ni tuvo nada dentro de ella. Una empresa nueva o de papel, podríamos decir”, aseveró la magistrada.
Al respecto, Grupo Salinas aseguró que el tribunal ignoró de forma deliberada lo establecido por la Ley del ISR vigente en 2012 y violó el debido proceso al rechazar el amparo en lugar de remitir el caso a otro tribunal.
“El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”, acusó la firma.
“Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”, concluyó.
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