Redacción El Coahuilense
CDMX.- Demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos se unieron para expresar su preocupación por la reforma judicial, la elección de jueces, la desaparición del instituto de transparencia y la extinción órganos autónomos en México, al considerar que atentan contra la democracia, la división de poderes, la viabilidad del tratado comercial de América del Norte y la cooperación bilateral contra las drogas, el tráfico de personas y el combate al crimen.
En una resolución firmada por la republicana María Elvira Salazar (Florida) y por el demócrata Greg Stanton (Arizona), la resolución remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores expresa una “profunda preocupación por que las reformas constitucionales y la legislación secundaria puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por Estados Unidos y México y debilitando la integración económica de América del Norte”.
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Justo en momentos en que la relación bilateral atraviesa por un momento de tirantez debido a la imposición de aranceles, las redadas masivas contra migrantes y las acusaciones de colusión entre delincuentes y el gobierno mexicano, la resolución H. Res. 454 destaca que “varios aspectos del paquete de reformas socavan los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México para fortalecer el Estado de Derecho, contrarrestar el crimen organizado y abordar el flagelo del fentanilo y el tráfico de personas y armas entre las prioridades bilaterales más amplias”.
El documento elaborado por Salazar y Stanton busca dejar un precedente sobre las reservas que el Congreso de Estados Unidos tiene respecto a las polémicas reformas impulsadas en el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la actual presidenta, Claudia Sheinbam, ha dado continuidad en lo que ha llamado el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.
En la resolución, la Cámara de Representantes de Estados Unidos plantea su preocupación respecto a que las reformas constitucionales aprobadas por la mayoría morenista “tendrían un impacto negativo a largo plazo en las instituciones democráticas de México, la separación de poderes, la independencia y la transparencia judiciales y la seguridad, al tiempo que socavarían su sistema electoral, la Guardia Nacional y los organismos de supervisión independientes”.
El texto legislativo, presentado el pasado 29 de mayo, se dio a conocer tres días antes de la jornada electoral en la que México votó por jueces, magistrados y ministros, evento al que acudió solo 12 por ciento de los 100 millones de mexicanos con credencial de elector. También se divulga 10 días después de que el exboina verde y exespía de la CIA, Ron Johnson, presentara a la presidenta Sheinbaum sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en México.
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En el bloque de considerandos, la resolución legislativa asume que “las reformas judiciales pondrían fin a la supervisión independiente del Poder Judicial y se reducirían los estándares de calificación judicial”.
Además, recuerda que la Asociación Nacional de Jueces de Circuito y de Distrito de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y miles de empleados y magistrados de tribunales federales mexicanos en huelga “han expresado su preocupación por las reformas”.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha cobrado notoriedad en días recientes, al ser una de las pocas figuras republicanas que ha alzado la voz contra las redadas de migrantes y la reacción de las fuerzas del orden ante la ola de protestas en la ciudad de Los Ángeles. La congresista exigió que se respete el debido proceso legal en todos los casos migratorios pendientes.
Por su parte, el legislador Greg Stanton ha promovido iniciativas legislativas para exigir al presidente Donald Trump la suspensión inmediata de los aranceles impuestos a México y Canadá, al advertir que tendrá “graves consecuencias” en la economía estadounidense y las relaciones diplomáticas con sus socios comerciales.
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