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Por Katya González
Saltillo, Coahuila.- Las organizaciones del Centro para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios exigieron fin a la impunidad después de darse a conocer la ampliación del periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas aprobada el pasado cuatro de octubre.
Mediante un comunicado, dichas organizaciones explicaron los motivos por que se oponen a la presencia militar en el país: que en los estados del norte de México esto significa un incremento de violaciones a los derechos humanos, según los casos documentados en los últimos años, en los que se encuentran involucrados militares.
“Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creación de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadanía y que cuenten con el equipo necesario”, expusieron.
Aseguran que la sustitución de las corporaciones policiales por las Fuerzas Armadas agravó la violencia y propició las ejecuciones extrajudiciales, ejemplo de ello es el caso de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarría, quienes fueron ejecutados por militares en marzo de 2010, cuando salían de su trabajo en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.
Así mismo, afirman, han incrementado los casos de desaparición forzada, como los de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron desaparecidos por elementos del Ejército Mexicano en diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, según lo reconoce la CIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.
Exigen entonces que se establezca una estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana, que estos elementos de seguridad pública estén debidamente capacitados, que halla estrategias de seguridad que convengan con las necesidades de la población y quienes han sido violentados por parte del Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición.
