La vida sin ellos: 17 años enfrentando a la mafia del carbón

Por Katya González

El plan para rescatar los restos de los 63 mineros de Pasta de Conchos lleva un avance de apenas 6% respecto del 37% que debería tener hasta la fecha, según el reporte oficial entregado a las familias el pasado 22 de noviembre.

Dicho reporte precisa que no se ha llegado a la mitad de la excavación de las lumbreras. De hecho, el gobierno federal reconoce que, dada la dificultad de las labores, el rescate podría tardar entre 8 y 15 años.

Actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encarga de los trabajos de rescate. Sin embargo, integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) señalan que esa empresa pública carece de experiencia para realizar este tipo de labor. Aseguran que, además del rescate de los cuerpos, la CFE pretende obtener el carbón que aún hay en la mina.

Creada en febrero de 2006 y formada mayormente por mujeres, la OFPC no ceja en su demanda del rescate de los cuerpos de los mineros que permanecen en Pasta de Conchos y vigila el avance de ese proceso de rescate. Su objetivo: que se “esclarezca la verdad, se haga justicia y se tomen medidas de no repetición”.

Al mismo tiempo, la organización trabaja para visibilizar el “genocidio minero” que padece la región carbonífera de Coahuila, buscando un cambio en las condiciones de trabajo que en ella imperan.

Cristina Auerbach, directora de la OFPC, asevera que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha prestado atención a lo que sucede en la región carbonífera, pues siendo Pasta de Conchos un caso emblemático para él, hizo caso omiso de las exigencias de la organización “y ahora no sólo tendrá que rescatar a 63, que eran al inicio de su mandato, sino a 75 mineros”, pues debe sumar a los trabajadores que murieron en El Pinabete.

En tanto, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, no ha mostrado interés por lo que sucede en la región, pues OFPC asegura que no ha tenido contacto con él desde que inició su mandato, a pesar de que durante su quinto informe de gobierno dijo que permaneció al tanto de las labores de rescate en la mina El Pinabete.

“No tenemos contacto ni con la Secretaría del Trabajo ni con Gobernación ni con posibles candidatos a la gubernatura”, explica Auerbach. “Nos hacen sentir que estamos solos”, puntualiza.

MEMORIAS SOBRE LA TRAGEDIA

María del Refugio López –o Cuquis, como es conocida en la región– se encontraba planeando una fiesta para celebrar sus 25 años de matrimonio con José Isabel Minjarez, quien trabajaba como minero en Pasta de Conchos.

“Vimos el salón, el conjunto y los anillos. El color de las camisas de mis hijos sería azul. Tenía una amiga que cosía y me dijo que ella haría mi vestido. Estaba todo planeado y todo se quedó”, recuerda.

La madrugada del 19 de febrero de 2006 José Isabel se encontraba cubriendo el turno nocturno en la mina ocho y, como cada mañana de domingo, Cuquis preparó su ropa y el desayuno para después asistir juntos a misa, pero pasaban las horas y su esposo no volvía a casa. Esperaba escuchar el sonido del portón que indicara que él había regresado después de cumplir con una larga jornada de trabajo, pero ese domingo eso no ocurrió.

Sin tener noticia alguna, Cuquis encendió la radio y escuchó que hablaban de un accidente en una mina ubicada en el ejido Santa María, en Sabinas, Coahuila.

“Cuando había un incidente se llevaban a los mineros a ayudar y pensé que había ido a apoyar en la mina accidentada”, explica.

Más tarde familiares y compañeros de José Isabel arribaron a su domicilio. Le confirmaron que la mina donde laboraban era la misma del siniestro del que hablaban.

Yo no lo quería aceptar. Le decía (a uno de sus familiares) que no era cierto, le decía que estaba equivocado, pero él me decía que no, que era ahí y que lo vio una noche antes cuando entró”.

Doña Trini Cantú se encontraba visitando a su hija en San Antonio, Texas, cuando recibió una llamada del menor de sus hijos.

Le informó que había sucedido un accidente en la mina Pasta de Conchos donde su hijo Raúl trabajaba. Trini supo desde aquel momento que ya no volvería a verlo vivo.

En compañía de su esposo viajó de regreso a Rosita, Coahuila. Cerca de las 10 de la noche arribaron a la mina en donde “un mundo de gente” permanecía a la espera de noticias: “…soldados, policías, gente de diferentes partes. Para mi fue algo que me impresionó mucho”, comenta.

El 19 de febrero del 2006 a las 2:20 de la mañana hubo un derrumbe en la mina ocho de Pasta de Conchos causado por una explosión de gas grisú acumulado. El derrumbe se presentó en uno de los tiros de la mina, aproximadamente a 200 metros de la plancha de descenso. La explosión dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir, mientras que 65 mineros quedaron atrapados, entre ellos José Isabel Minjarez, Raúl Villasana y Bladimir Muñoz.

Las familias se enteraron a la mañana siguiente por vecinos, familiares o por las noticias, pues Grupo México –empresa concesionaria de la mina– no dio aviso personalmente a los parientes de los afectados, sino que emitió un comunicado. A las afueras de la mina permanecían los familiares de los mineros atrapados.

El 21 de febrero, dos días más tarde, Cristina Auerbach, asesora de Pastoral Laboral Nacional, acudió al llamado de un minero de la región. Arribó a la escena acompañada de Rodrigo Olvera, ahora abogado de la organización, con el propósito de apoyar a las familias de los mineros atrapados, misión que adoptó desde aquel día.

“Arriba, en la plataforma, se podían observar a Javier Salazar (entonces secretario de Trabajo) y al personal de Grupo México, parados sobre la tierra en donde permanecen atrapados los 65 mineros. Y es así, los empresarios siempre están arriba y quienes bajan son los mineros”, comenta.

Desde aquel día, Cristina Auerbach, junto con las esposas, hijas y madres de los mineros, integraron la Organización Familia Pasta de Conchos y comenzaron a dirigir la lucha para el rescate de los restos de sus familiares que aún permanecen en la mina, así como para visibilizar uno de los más graves problemas que enfrentan los mineros de la zona carbonífera de Coahuila: cómo funcionarios, empresarios, concesionarios, ‘coyotes del carbón’ y el gobierno mismo ignoran las medidas de seguridad e higiene en aras de reducir costos y aumentar ganancias.

Cada vez que veo a las familias de Pasta de Conchos le da un motivo a mi existencia: tengo puesto el corazón con esta gente”, externa Auerbach.

AÑOS GRISES

“Cuando llegó Cristina pensé que era del gobierno. Yo desconocía ese tema. No sabía que había personas que se dedicaban a eso: activistas sin ningún pago e interés y que son quienes realmente están con las víctimas. Los derechos humanos se comenzaron a hablar en la región”, explica Elvira Martínez, viuda de Bladimir Muñoz.

Evidencia recabada por la organización muestra que dentro de la mina había máquinas soldadoras que operaban ilegalmente debido a que incumplían los protocolos: no había buena ventilación en el área de trabajo, el equipo no era seguro y los trabajadores no vestían ropa protectora. Los viejos transformadores no funcionaban, por lo que no había electricidad. Tampoco funcionaba el sistema de ventilación y los telesillas para el transporte del personal eran inservibles.

Auerbach explica que la mina no contaba con ninguna medida de seguridad, ni siquiera con la llamada “cuerda de vida”: una cuerda anclada a la pared que permite a los mineros guiarse para salir del lugar cuando no tienen luz.

No obstante, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Pedro Camarillo Adame, señaló que la mina estaba sujeta a supervisión frecuente y que días antes de la explosión había cumplido con las 43 recomendaciones menores de ajuste de equipo, por lo que satisfacía las condiciones para operar de forma segura.

A los cinco días del siniestro Grupo México declaró muertos a los mineros sin conocer aún su situación y ubicación exacta y, con base en un supuesto informe técnico y científico, señaló que no había “posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió las denuncias de familiares de los mineros. Emitió la Recomendación 26/2006, la cual determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.

El 23 de junio de ese año se recuperó el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años de edad; y el 1 de enero de 2007 fue rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo.

Un año más tarde, el 5 de abril de 2007, Jueves Santo por la noche, Grupo México suspendió el rescate. Argumentó –según recuerda OFPC– que el agua en la mina podía estar contaminada con hepatitis, tuberculosis y VIH, la cual podía contagiar a los rescatistas, ellos a sus familias y luego a poblaciones enteras.

Javier Lozano Alarcón, enviado por el entonces presidente Felipe Calderón, fue señalado por familiares y rescatistas de retrasar las labores y rechazar las propuestas de las brigadas y los trabajadores de la región “para no arriesgar a los vivos, para sacar muertos”, comentó Lozano.

Doña Trini y su esposo, al igual que el resto de los familiares, permanecieron más de un año a las afueras de la mina con la esperanza de que los cuerpos de los 63 hombres restantes les fueran entregados pronto porque, aseguran, “en ese entonces se pudieron sacar”.

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, les asignó un ‘tutor’ a cada una de las viudas, el cual se encargaba de vigilar e informar al gobierno de sus próximos movimientos.

“Había veces que (las familiares) me hablaban desde el baño para informarme que no asistirían a las reuniones porque el tutor estaba ahí”, comenta Auerbach. “Fueron los años más grises en la región carbonífera. El gobierno trataba muy mal a las viudas”, agrega.

Ese mismo año la Secretaría de Economía suspendió los derechos a Grupo México sobre Pasta de Conchos, pero no canceló la concesión. Actualmente ésta le sigue perteneciendo.

Elvira Martínez recuerda que el gobierno de Humberto Moreira quiso intimidar a las familias: no les darían su pensión si no tramitaban las actas de defunción, por lo que dio facilidades para la pronta emisión de los documentos que establecen muerte por “politraumatismo inmediato, explosión en interior de mina y derrumbe interior en la mina de forma accidental”, con fecha del 19 de febrero de 2006.

OFPC asegura que Javier Lozano realizó los trámites con dichas actas sin considerar que los mineros cotizaron con triple salario en el IMSS desde que fueron declarados muertos y hasta abril de 2007. Ello fue solicitado por las familias días después del siniestro como una forma de presión para agilizar la recuperación de los cuerpos.

El acuerdo establece que se cubriría el triple salario solicitado “por el tiempo que transcurra hasta antes que se reciba su indemnización y su pensión”. El documento tiene fecha del 27 de febrero de 2006 y está firmado por miembros del Comité de Familias Representantes de Mineros de la Sección 13 y de General de Hulla, así como por el ingeniero Rubén Escudero, gerente general de Unidad Pasta de Conchos, quien más tarde se encargó de que se realizara la modificación ante el IMSS.

Las viudas, madres, hermanas e hijas de los mineros comenzaron a tener una formación en derechos humanos que les permitió exigir sus derechos y los de muchos mineros de la región.

En ese mismo año, con apoyo de Cristina Auerbach, comenzaron a organizarse para dirigirse a la Ciudad de México. En agosto de 2007 hicieron un plantón afuera de la STPS, donde permanecieron hasta finales de octubre con la exigencia de ser escuchados por Lozano Alarcón.

Así mismo, Felipe Calderón negó tres veces durante su mandato el derecho de audiencia a las familias. “No estábamos enfrentando sólo a Grupo México, sino al Estado”, asevera Cristina.

Cuquis López explica que viajaron en diversas ocasiones a la capital del país con el propósito de ser escuchadas y obtener justicia, rescate y medidas de no repetición en la región carbonífera. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Sus hijos le externaron su preocupación. Le sugirieron que no viajara más. Pero Octavio, su hijo menor que tenía 10 años, le pedía que continuara.

“Me decía: ‘Sí ve, mami, no quiero que papi se quede ahí’”, recuerda. Y agrega: “Quiero estar en esta lucha hasta donde se pueda”.

Cuquis tomó terapia psicológica que le ha permitido sobrellevar la pérdida de José Isabel. Además, encontró fuerza en sus hijos para levantarse y permanecer en la lucha por el rescate de los restos de su esposo, por continuar una vida sin él y por solventar diariamente los gastos de su hogar. Después del siniestro, su hijo mayor abandonó la minería para apoyarla en el emprendimiento de una papelería-mercería, que le ha permitido obtener un ingreso extra para cubrir las necesidades de su hogar.

A veces escucho el sonido del portón y creo que es él”, expresa.

Por su parte, Elvira Martínez comenta que “el primer cambio fue el sentirme sola. No me veía continuar la vida sola con mis hijos. Veía una vejez con él y ver a nuestros nietos”.

Después de la tragedia, Elvira tuvo que hacerse cargo de sus tres hijos. “Nunca les manejé la palabra ‘muerte’, porque yo misma me negaba a aceptarlo; pero les hice saber que estaría luchando siempre para traerlo de vuelta”, expresa.

Y es que, recuerda, durante los primeros meses se negaba a ser llamada “viuda” pues no había recibido un cuerpo que lo comprobara.

Tras recibir educación en minería y derechos humanos, comenzó a exigir los derechos de los mineros y de sus familias, incluyendo la suya.

Con el paso del tiempo decidió finalmente afrontar su realidad. Se mudó con sus hijos al hogar que Bladimir tenía destinado para su familia. El siniestro de la mina ocho, asegura, le hizo ver una realidad que se encuentra presente desde hace muchos años y que ha sido invisibilizada por el Estado.

Lo que descubrí en todo este caminar es que los intereses económicos pesan más que la desgracia de las familias. Es parte de la realidad”, explicó.

Doña Trini dejó las tareas de su hogar para salir a luchar y alzar la voz por su hijo, Raúl Villasana, quien le fue arrebatado en Pasta de Conchos.

“También lucho por lo que haya quedado ahí. Me duele mucho que, en su momento, cuando se pudo hacer, no se hizo y pienso que los mismos gobiernos no se preocupan porque nosotros tuviéramos los cuerpos”, expresa.

ZONA DE SACRIFICIO

Cristina Auerbach asegura que la Región Carbonífera de Coahuila es una zona de sacrificio, pues un conteo realizado por OFPC arrojó que al menos 153 mineros han muerto en la entidad desde 1996.

Después de Pasta de Conchos, la negligencia de las empresas, gobiernos e instituciones sigue cobrando vidas de mineros debido a que no llevan a cabo las verificaciones correspondientes, no proporcionan equipo de protección ni establecen medidas de seguridad.

El caso mediático más reciente ocurrió el pasado 3 de agosto. Diez mineros quedaron atrapados tras la inundación de la mina “El Pinabete” en Sabinas, la cual carecía de seguridad. Cuatro meses más tarde, sus cuerpos no han sido rescatados.

“Los mineros si no mueren en grupos, se muere uno o dos o tres y ni siquiera son nota, no importan”, asegura Cristina Auerbach.

Elvira comenta que, a pesar de que hasta la fecha no se ha llevado a cabo el rescate, las mujeres de la región han comenzado a alzar la voz por sus esposos.

“Los trabajadores tienen miedo a que los corran o a las represalias, pero las esposas hacen manifestaciones y plantones para exigir, porque las afectadas son las familias”, asevera.

OFPC asegura que en la lucha ha abierto nuevos horizontes para que otros puedan exigir. En el camino OFPC ha tenido algunos aciertos. Entre ellos, hacer visibles la injusticia e inseguridad que padecen los mineros.

“Se volvió a cobrar conciencia de lo perverso del Estado y las empresas hacia sus trabajadores”, comenta Auerbach.

Después de lo acontecido en la mina Lulú, en febrero de 2011, donde dos trabajadores fallecieron, la organización comenzó a documentar y acompañar a las familias de distintos siniestros mineros. Esta acción les permitió actualizar y documentar que las denuncias que habían realizado cinco años antes no habían sido atendidas.

“Lo que hemos hecho todos estos años es poner una ‘cuerda de vida’ para los mineros del carbón y sus familias”, asevera Cristina.

LA PROMESA DE AMLO

En enero del 2012 doña Trini Cantú acompañó a López Obrador en un evento celebrado en Torreón. Al calor del mitin de su campaña por la Presidencia de México prometió de manera pública que cuando llegara al poder reactivaría el rescate suspendido por el gobierno de Felipe Calderón y Grupo México.

Después de “ir tocando puertas” desde el siniestro y no ser escuchadas, la promesa de López Obrador les devolvió la esperanza a las familias de los mineros de Pasta de Conchos.

Luego de ganar la Presidencia, López Obrador ordenó que se organizara un Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, el cual quedó instalado en el 2019. Dicho comité es encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

(STPS), con participación de diversas dependencias del gobierno y de las familias y sus representantes, las cuales como primer paso llevaron a cabo mesas de trabajo en donde fue establecida una ruta crítica del rescate. Ésta incluye metodología técnica, modelos de rescate, licitación, fallo, inicio y supervisión de trabajos.

Elvira, Cuquis y doña Trini comentan que mantienen bajo presión al gobierno para que el presidente Andrés Manuel cumpla su promesa, pues aseguran que no se ha llegado a la zona siniestrada.

Doña Trini opina que es la última oportunidad para recuperar los restos de su hijo Raúl. Eso le permitirá depositarlos en el camposanto y así tener un lugar para llevarle flores. “Lo que más me duele a mí es que no tengo a donde ir”, comenta.

El 25 de agosto de 2020, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, propuso a las viudas obtener una suma de dinero a cambio de la cancelación del rescate, que costaría al gobierno 2 mil millones de pesos.

Alcalde comenzó a organizar a las mujeres para que firmaran una petición de acuerdo. Sin embargo, Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS, le hizo llegar cartas al presidente Andrés Manuel, escritas a mano por los familiares de los mineros para pedir que cumpliera su palabra de llevar a cabo el rescate.

Finalmente, el presidente dio a conocer que se llevarían a cabo ambas cosas: indemnización y rescate, además de un memorial por los mineros de Pasta de Conchos.

“Vamos a tener paz cuando esto se acabe, cuando realmente se haga el rescate. Siempre está ahí (su esposo Bladimir Muñoz), siempre hay algo que me lo recuerda, parte de nosotros está enterrado ahí. También en cierta manera estamos atrapadas”, externa Elvira Martínez.

El pasado 30 de noviembre OFPC informó a través de Twitter que el antimonumento ubicado sobre la Avenida Reforma, en la Ciudad de México, fue objeto de un acto de violencia: se le prendió fuego, el cual dañó algunos de los cascos que permanecían dentro de la jaula.

“Lamentamos el desprecio por las víctimas, sus familias, y nuestro largo caminar por nuestro derecho al rescate, la verdad, la justicia y la implementación de medidas de no repetición”, escribió.

“Las familias estamos acostumbradas a este tipo de cosas. Nos han hecho tantas cosas en estos 17 años que esto solamente se suma a todos los daños y malos tratos que hemos recibido. Para mí refleja el desprecio a la vida, a la causa, a alguien que les incomoda que sigamos, a casi 17 años, insistiendo”, señala Elvira Martínez.

Así mismo, Auerbach explica que ha sido blanco de ataques, amenazas, así como de campañas de difamación y hostigamiento, por parte de “la mafia del carbón” que, considera, ha puesto en peligro su vida.

Debido al riesgo que enfrenta, Cristina se encontraba con medidas de protección por parte del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A pesar del peligro, de la campaña de difamación y el acoso, Auerbach, junto con familiares de mineros, continúa con su trabajo bajo el asedio de la llamada “mafia del carbón”.

“Estamos siempre que podemos, en donde podemos. Atendemos desde el llamado de un solo trabajador o de un poblado”, finaliza Cristina.

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