Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo recibió el país con diferentes denuncias a la violación de derechos humanos contra personas defensoras; sin embargo, en los últimos días el número de agresiones y asesinatos de mujeres defensora a incrementando y el problema estructural continua sin atenderse.
El pasado 9 de mayo, la activista y defensora por los derechos de los animales, María Dolores Patiño Moreno, fue secuestrada por un grupo armado al interior de una vivienda ubicada en la colonia 5 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba preparando el desayuno en casa de una amiga, según reportó su hija Sofia por medio de una publicación de Facebook.
Cuatro días después, en los que estuvo privada de su libertad, su cuerpo fue encontrado en la avenida Eustaquio Buelna, entre Catedráticos y Teófilo Álvarez Borboa, en la colonia Tierra Blanca, por agentes de la Fiscalía General del Estado con signos de violencia y tortura, por lo que la fiscalía determinó abrir dos líneas de investigación: el primero por feminicidio por la relación con su expareja y el segundo su labor como defensora de animales.
El sábado 3 de mayo, fue encontrada sin vida la defensora del agua Karina Ruiz Ocampo en el municipio de Amatitán, Jalisco. Anteriormente, desapareció el pasado 13 de abril fue sustraída de su domicilio y se la llevaron a la fuerza.
La defensora formaba parte de la organización La Cima Nuestra Prioridad y su lucha estaba encaminada a defender el derecho al agua en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, lugar en el que vivía y donde constantemente se presenta escasez de agua desde 2012 gracias a un adeudo de la constructora con la Comisión Federal de Electricidad.
La incomodidad generada a través de su lucha y el eco que logró replicar en la comunidad provocó que recibiera amenazas a través de sus cuentas en redes sociales, las cuales se fueron multiplicando hasta que temió por su seguridad. El pasado 23 de marzo de 2025, fue su última participación en una manifestación pública.
A 206 días de su desaparición, el pasado 28 de abril se encontró el cuerpo de Sandra Estefanía Domínguez Martínez, abogada y defensora ayuuk, en el rancho La Ceiba, ubicado en Veracruz, a 34 kilómetros donde fue secuestrada en San Felipe de Sinaloa, Tepic, lugar donde fue encontrada la camioneta blanca en la que viajaba junto a su pareja Alexander Hernández Hernández.
De acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la línea de investigación que se siguió fue el del enfrentamiento entre dos grupos criminales, en el que presuntamente participaba Alexander; sin embargo, la abogada evidenció en 2022 a Donato Vargas Jiménez, el coordinador de Delegados de Paz Social, por su participación en grupos de corte sexual donde se compartía fotografías y videos de mujeres mixes.
Cuando lo denunció, pidió su destitución y solicitó a Salomón Jara, el gobernador del estado de Oaxaca, tomar acciones sobre el caso, aunque este nunca hizo nada al respecto; por lo que, la familia de Sandra solicitó que su asesinato se investigue con perspectiva de género y en seguimiento a su labor como defensora de las mujeres.
En noviembre de 2024, asesinaron a las hermanas defensoras Adriana y Virginia Ortiz García después de que hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararan a las defensoras cuando descendían de un taxi a la puerta de su casa en el centro histórico de la capital oaxaqueña.
Ambas militaban en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Adriana, servía como asesora jurídica comunitaria desde hace quince años y junto a su hermana, Virginia, fueron las principales buscadoras de otras dos mujeres identificadas como Daniela y Virginia, quienes eran sus primas desaparecidas desde el 5 de julio del 2008 en la región mixteca.
¿Qué tienen en común estas defensoras? Que todas son mujeres que fueron asesinadas en estados donde la violencia incrementa y que sus muertes ocurrieron en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien viene arrastrando el número de defensoras asesinadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador al permanecer sin actuar ante uno de los temas más importantes de derechos humanos.
Agresiones a mujeres defensoras
México enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por la violencia estructural e institucional donde la militarización ha agravado las condiciones en el territorio nacional. En consecuencia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas viven distintos tipos de violencia como la persecución y criminalización.
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Aunque no existen cifras actuales sobre la totalidad de mujeres defensoras que han sido asesinadas desde el 1 de octubre de 2024 hasta nuestros días, para dimensionar la situación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente reporte las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Hablando específicamente de México, IM-Defensoras señaló que entre 2020 y 2024 contabilizaron mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación en el país. Esto representa 15% del total de las agresiones a defensoras en el mismo período que ocurrieron en estados como Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Quintano Roo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca.
Las principales agresiones documentadas además de los feminicidios e intentos de feminicidio son: desapariciones forzadas, secuestros, hostigamiento, limitaciones o ataques por recabar, obtener o poseer información, amenazas, vigilancia, incitación a la violencia y violencia física.
Respecto a los responsables se identificó la culpabilidad de las autoridades municipales en un 46% de las autoridades públicas federales en el 28% de los casos, policías en el 16% y fuerzas armadas en un 1.86%. Asimismo, también se identificó a personas desconocidas en el 39% de las agresiones de las que 11% ocurrieron en el ámbito digital.
El 32%, es decir, 1 de cada 3 de las agresiones ocurrieron cuando la defensora contaba ya con una medida de protección, principalmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Finalmente, en el 42% de las agresiones se identificaron elementos de discriminación de género como la descalificación de su trabajo, las expresiones de violencia de carácter sexual, expresiones misóginas y amenazas de tipo sexual, secuestro, agresión física y otros.
El actuar de Claudia Sheinbaum
En el marco de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, organizaciones del Espacio OSC señalaron que hubo pocos avances en cuatro de los cien compromisos hacia el segundo piso de la cuarta transformación, el cual hace referencia a la garantía de libre expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, por ello, expresaron que se necesitaba implementar un plan de protección a personas defensoras y periodistas.
Las organizaciones documentaron que en los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum se asesinó al activista y sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas; el periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán; desapareció Sandra Domínguez en Oaxaca; se cometieron ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa; y se ejercieron amenazas al Semanario Zeta en Baja California.
También expresaron que han aumentado los riesgos que han sufrido las personas defensoras que brindan atención a migrantes y solicitantes de protección internacional, refugio y víctimas de desplazamiento forzado interno. A este panorama se suma que México es uno de los tres países con más agresiones a personas defensoras y periodistas en el mundo.
Adicionalmente, se observaron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 respecto a la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. El Mecanismo de Protección Federal sufrió una disminución del 4.27% pasando de los 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), también presentó un recorte del 3.6% que afecta de forma directa la atención a víctimas de violencia. Por ejemplo, hay una disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral que se ajusta a 658 millones de pesos cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el mínimo debe ser 909 millones de pesos.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por la continuidad de la militarización de la seguridad pública, la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los institutos estatales de transparencia, y el desconocimiento sobre cómo se va a garantizar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía.
Por estos motivos, hicieron un llamado al Gobierno Federal particularmente a la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad pública y Ciudadana, y a la Fiscalía General de la República, quienes integran las Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para que establezcan acciones en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, se trabajaría para crear un plan de trabajo especializado en eliminar las causas de la violencia y fortalecer las políticas públicas de protección. Además, solicitaron definir acciones específicas y medibles para revertir el contexto de violaciones a los derechos humanos en el país y fortalecer instancias fundamentales como lo son el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Poder Judicial y las Fiscalías encargadas de investigar delitos.
Expresaron que la creación de una ruta de protección integral, interseccional y preventiva debe fortalecer la comunicación entre la sociedad civil y el cuidado del espacio cívico. Asimismo, reiteraron su disposición para el diálogo y la construcción de políticas públicas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
Sin embargo, el panorama para las mujeres defensoras es el mismo y cada día se suman más casos de asesinatos y agresiones contra ellas.
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