Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El 20 de mayo del 2015 México celebró la primera -y única- sesión ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un espacio donde se afirmó un compromiso político federal en aras de garantizar una atención digna a las víctimas y robustecer las distintas comisiones. Han pasado 10 años desde este hecho que, si bien en su momento fue parteaguas y representó una esperanza colectiva, ahora, esboza un retraso relevante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entró en vigor la Ley General de Víctimas y junto a ella, el Sistema Nacional de Víctimas (SNV), el hecho fue celebrado y desde la lucha de las organizaciones, se lanzaron distintos proyectos de monitoreo a fin de que se mantuviera cercano el SNV y el avance de la adopción de leyes en todo el país. A la par, se avanzó para construir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un equipo de siete personas que conformarían un Pleno, responsables de consolidar el funcionamiento del Sistema, así como responsable de desplegar «delegaciones» en todo el país para atender las necesidades particulares de cada entidad.
Y aunque en papel todo parecía avanzar de forma sostenida, la realidad, es que alrededor de la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, existían relaciones complejas, desacuerdos y una serie de irregularidades que dejaron entorpecido a esta herramienta; herramienta que apuntalaba para ser la esperanza para miles de familias.
En el marco de los 10 años de esta discusión del Pleno del Sistema (conformado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), el Centro Prodh realizó un monitoreo en «De la esperanza a la decepción: una década del sistema nacional de atención a víctimas” sobre qué tanto ha acontecido en esta década y cuánto, de lo prometido y legislado en aquella sesión, se cumplió.
¿Qué pasó en estos 10 años?
La CEAV atravesó por una serie de circunstancias complejas como desacuerdos y poca voluntad política, lo que empujó a que este importante pleno de decisión quedara acéfala de forma intermitente. Y así, durante el sexenio de Peña Nieto las cosas se mantuvieron sin mayor avance hasta que apareció su sucesor con una cartera de promesas nuevas: López Obrador.
En diciembre del 2019 el Senado arrancó su proceso para elegir a la nueva cabeza de la CEAV, mientras, la nueva administración prometía una transformación completa, así como un modelo de atención inmediata que resolvería todos los contrapesos y desvaríos del Sistema.
Y mientras los tirones se daban en la CEAV, el golpe bajo llegó de forma insospechada luego de que la política austera del lopezobradorismo apareciera para borrar del mapa algunos fideicomisos públicos que hubiesen permitido materializar políticas públicas.
El caso que terminó por golpear con más fuerza fue la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). El 6 de noviembre del 2020, se suprimió este fideicomiso incluido en la Ley General de Víctimas y, con ello, el mínimo presupuestal anual que se debía otorgar para el SNAV, terminaron de restar legitimidad a una instancia que costó esfuerzos monumentales a las víctimas y la sociedad civil.
«La reforma fue regresiva, pues eliminó toda referencia al Fondo de Ayuda, lo que incluyó la eliminación del artículo 132 fracción I, que establecía el mínimo presupuestal que cada año debía asignarse para la garantía de derechos victimales»
El tiempo pasó y la CEAV se quedó sin cabeza durante todo 2021 y mientras este espacio se debilitaba año con año, y meses después, Gobernación insistió en reformar la Ley General de Víctimas, mientras que el Senado apuntalaba a que la CEAV tenía problemas de reestructura. Es decir, todo el panorama que se avizoraba era caótico y el paso del tiempo sólo agudizaba el descontento entre los órganos del Estado que mostraban una endeble voluntad política.
Ante este hecho, los mecanismos internacionales de derechos humanos lanzaron una serie de pronunciamientos, señalando la preocupación que existía sobre la pobre evolución del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la forma en que, tras años y años, nada parecía ser contundente. De hecho, según recupera el Centro Prodh, el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió, tras su visita en México que:
«Después de casi 9 años de la adopción de la Ley de Víctimas, sus resultados han sido muy criticados (…) a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas.»
El 13 de marzo de 2024, dentro del Amparo en Revisión 675/2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el juicio de amparo promovido por el Centro Prodh en contra de la modificación del artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, publicada en 2020, la cual eliminó el mínimo presupuestal anual que la Ley ordenaba que fuera dedicado a la atención victimal.
En su fallo, la Sala notó que, antes de la reforma, la LGV preveía la garantía de un presupuesto para la satisfacción de los derechos victimales, la cual ascendía al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos, expone el informe «De la esperanza a la decepción: una década del sistema nacional de atención a víctimas” del Centro Prodh.
Este hecho representó un parteaguas, pues se estableció una obligación en la que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe mantener un presupuesto específico en el margen del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y con ello, garantizar la reparación integral del daño. Concretamente: Una garantía presupuestaria en atención a víctimas.
Así cerró el sexenio de López Obrador, con un acuerdo empujado por la sociedad civil (Centro Prodh) y una garantía de libertad presupuestaria que costó años de lucha. Y en el contrapeso, una CEAV entre tropiezos que ha preocupado seriamente a la comunidad internacional por su falta de facultades para obrar a favor de la población.
Este hecho resulta importante recordar, pues el contexto de violaciones a derechos humanos no son hechos que quedaran confinados al sexenio de Peña o de López Obrador; es un problema sistémico que el Estado carga, administración tras administración. Esta vez, Claudia Sheinbaum carga con el peso de una crisis de desapariciones, y si bien anunció al inicio de su gobierno que pondría la lupa sobre la Ley General de Víctimas, el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el fortalecimiento de la CEAV, la realidad es que no se ha concretado nada.
Esto último, con especial énfasis de este sexenio, como recuerda el Centro Prodh, con casos como el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Mismo, que ha colocado en el visor internacional que, en México, existe un problema sistémico de desaparición forzada e implica un revés al Estado mexicano; con violaciones tan graves a los derechos humanos de las personas, resulta irrisorio que el país no cuente con mecanismos fortalecidos, con un Sistema de Atención poderoso, ni con la facultad de contener estas crisis.
«El resultado innegable es que, a 10 años de la aprobación de la LGV, no existe una política de Estado a la altura de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que ha vivido México. El hecho de que en una década el Sistema Nacional de Atención a Víctimas haya sesionado de forma ordinaria sólo una vez, y el hecho de que órganos internacionales como la CIDH certifiquen que en el presente ha ocurrido un retroceso, da cuenta de ello. (Centro Prodh)
México, sin un fuerte Sistema de Atención a Víctimas y el rechazo de la desaparición forzada
Registrar qué ha sucedido con el Sistema de Atención a Víctimas y qué tanto ha trabajado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cobra una relevancia especial porque cargan con la obligación de garantizar una justicia restaurativa a las víctimas directas e indirectas de estos hechos. En un contexto actual donde las desapariciones han levantado las alertas, resulta indispensable nombrar la importancia de la Comisión y los vacíos del Sistema de Atención, particularmente, cuando existe una incisiva negación por parte del gobierno actual por reconocer esta crisis.
Oliver de Frouville, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha reconocido que las desapariciones en México son un tema «preocupante» por ser sistemáticas, y ordenó la activación del protocolo para que México rinda cuentas, sin embargo, el Senado de la República -y su mayoría morenista- tomó revancha, exigiendo la penalización internacional a de Frouville por sus declaraciones.
El pasado 08 de abril, el presidente de la mesa directiva Cámara de Senadores, Gerardo Noroña anunció que el Estado mexicano emprenderá ante las más altas instancias de las Naciones Unidas acciones condenatorias para el presidente de la CED, Olivier de Frouville, decisión que fue sometida a votación con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.
Las familias, colectivos y organizaciones rechazaron el pronunciamiento del Senado de la República en el cual niegan que en México las desapariciones forzadas se practica de manera generalizada o sistemática. Se trata de una estrategia del nuevo gobierno en el que se pretende echar para atrás la responsabilidad de la crisis de desaparecidos a otros sexenios.
De acuerdo con el Centro Prodh, esta estrategia queda en evidencia incluso en la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando señala que las desapariciones forzadas tenían la participación directa de las autoridades en el Siglo XX y desde el 2006 esta situación ha cambiado, pues quien desaparece es sólo el crimen organizado y no el Estado.
«En México durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares«, fragmento sacado de la iniciativa de reforma de Claudia Sheinbaum.
«Este pronunciamiento aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país» -Familias, colectivos, organizaciones y personas solidarias.
Apuntaron que es el Estado quien tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar las desapariciones forzadas, así como de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado, dos actores que participan activamente en este delito.
Además, mencionaron que el actuar del Senado de la República es negarles a las familias la oportunidad de contar con mecanismos internacionales como el CED para combatir la crisis de desapariciones, crear un clima de confianza y verdadera apertura a soluciones: «Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia».
El panorama actual se avizora complejo ante el desconocimiento de las bancadas legisladoras de este país y se recrudece aún más, con la advertencia del Centro Prodh sobre una endeble Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y su Sistema de Atención a Víctimas; a 10 años de que se celebrara su discusión, el camino, más que resultar más claro y esperanzador, se vuelve opaco y turbulento.
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