El caso del empresario Llorens Ávalos: cuando la arbitrariedad puede más que la ley

Por Katya González

En 2021 Oswaldo Villegas, empresario lagunero y accionista mayoritario de Transportes Villegas SA de CV, compró un predio ubicado en el ejido la Paz, en Torreón, Coahuila. 

Ignoraba que, con aquel trato, obtendría también conflictos legales con su vecino, Salvador Joaquín Llorens Ávalos, director general de la empresa Pecaninis SA de CV. 

Unas semanas después de la compra del predio, Llorens visitó a Villegas. Le advirtió que si utilizaba el predio recién adquirido como patio de maniobras de sus transportes, bloquearía la servidumbre de paso porque, aseguró, era de su propiedad. 

“El señor (Llorens) se portó muy prepotente y después me mandó a amenazar con los veladores que a la primera caja que metiera en el predio iba a cerrar el acceso”, comenta Villegas en entrevista con El Coahuilense. 

Dos días más tarde Llorens cumplió su palabra: cerró la servidumbre legal que permite el libre tránsito a peatones y vehículos y que sirve de acceso al ejido La Paz y a diversas parcelas y terrenos, entre los que se encuentra el de Diego Villegas y su padre y representante Oswaldo Villegas. 

EL DESACATO 

La servidumbre de paso en cuestión se encuentra ubicada en el Libramiento Norte Matamoros-La Partida, aproximadamente a 100 metros en dirección oriente del Instituto Eduardo Tricio, en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Según el lineamiento expedido el 1 de junio de 2021 por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Republicano Ayuntamiento de Torreón, la servidumbre en cuestión es una vialidad futura de acceso y vialidad local. 

Ante la situación, Villegas tramitó el 14 de julio de 2021 un juicio en el Juzgado Tercero Civil, con el cual pretendía la declaración judicial y el reconocimiento, por parte de dicha autoridad, de la legalidad de la servidumbre de paso y la abstención de Salvador Llorens de realizar actos que impidieran al paso de peatones al ejido La Paz y los colindantes

El 1 de febrero de 2022 el juez Sergio Blanco Dorado expidió la sentencia definitiva número 33/2022 la cual declaró la existencia de la servidumbre legal de paso y ordena a Salvador Llorens a abstenerse de realizar “actos impeditivos o de lesión” al acceso a la vía pública. 

“La servidumbre de paso es de uso común y es de interés general. Tiene que ser respetada por todas las personas y cualquier autoridad en uso de sus funciones. El señor Llorens omite el respeto a la ley y el respeto a dicha servidumbre, no obstante que una sentencia así lo ordenaba”, explicó Roberto Ríos, representante legal de Oswaldo Villegas. 

Tras dictarse la sentencia, personal de la Fiscalía informó que “el acceso se encontraba cerrado con una cerca metálica y un candado, así como un portón naranja”. 

Dado que el oficio DGOTU/IT/124/2021, signado por el director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Republicano Ayuntamiento de Torreón, acredita que la vía de paso en mención existe desde 1936, dicho personal se trasladó hasta el acceso y procedió a liberar la servidumbre de paso, misma que posteriormente, fue obstruida en múltiples ocasiones por Llorens, haciendo caso omiso a la sentencia expedida. 

Aunado a este franco desacato, Llorens recurrió la sentencia que había favorecido a Villegas. Lo hizo a través de un incidente de unidad de actuaciones, el cual es un juicio interno al caso, llevado a cabo para advertir irregularidades dentro del procedimiento con el fin de corregir el error detectado y regresar a la etapa en la que éste aconteció y, de esta manera, continuar el juicio por sus demás etapas. 

Ríos explica que las sentencias definitivas sólo son recurribles a través de la apelación y/o en su defecto, del juicio de amparo directo. Por ello, señala, es improcedente, ya que el juicio ya está concluido. 

“Extrañamente, tanto el secretario como el juez Blanco dieron trámite al mismo y convalidaron un valor procesal muy absurdo”, expone Ríos. “Al señor juez lo frenaron de más arriba. Una persona de mayor cargo le ordenó detener todo”, asegura Oswaldo Villegas. 

Y es que, Llorens se ostenta como un empresario poderoso: es director general de Pecaninis, compañía torreonense dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de nuez. Además, es accionista mayoritario de las empresas Ap Summit y Master Play, en Gómez Palacio, Durango. 

En abril del 2005 El Siglo de Torreón publicó una fotografía en donde se aprecia a Humberto Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila, y a sus espaldas, Salvador Llorens Ávalos, en compañía de otros empresarios. 

Tras las maniobras legales de Llorens, Villegas tramitó un interdicto de suspensión de obra peligrosa, una acción tendiente a suspender la obra que impide el acceso o el uso y disfrute de la servidumbre en cuestión. 

Dicho interdicto fue admitido y condicionado por el Juzgado Primero Civil con el fin de que surta efecto: se fijó una fianza para notificarle al demandado sobre la suspensión de obras, la cual fue cubierta. Sin embargo, la juez María Mendieta negó la continuidad de la ejecución. 

“Al darle a conocer a la autoridad de que está cubierta (la fianza) y el demandado no acató el mandato judicial de suspender la obra y menos aún de derribar o quitar los objetos que impiden el acceso a la servidumbre, la juez dijo que no tenía certeza para continuar con el mandato de la ejecución del interdicto”, señaló Ríos. 

Villegas indicó que a la fecha el acceso sigue bloqueado e incluso Llorens excavó una zanja a mitad de la servidumbre, dañando el pavimento, para levantar un muro de contención divisorio, el cual carece de seguridad. 

PROTESTAS DE EJIDATARIOS 

En noviembre de 2022, habitantes del ejido La Paz bloquearon en protesta la carretera Unión-La Partida, argumentando que se ven afectados por las acciones de Salvador Llorens. 

Explicaron que, al verse bloqueado el acceso principal a sus hogares, tienen que acceder a los ejidos a través de un peligroso camino de terracería, lleno de mezquites que se encuentra aproximadamente a 200 metros de la carretera en cuestión, en el cual se han suscitado robos y asaltos a los transeúntes. 

Así mismo, explicaron que Salvador Llorens tiene gente armada que amenaza y agrede a quienes intentan atravesar por la servidumbre. 

Antonio Rosales Ortega, habitante y excomisariado del ejido La Paz, se presentó el 11 de enero en la Fiscalía General del Estado en Torreón, en compañía de su asesor jurídico, Ricardo Antonio Muñoz, para interponer una denuncia en contra de Llorens y quien resulte responsable por el delito de despojo y uso arbitrario del propio derecho y por apropiarse de la vía pública. 

Rosales manifestó que la servidumbre de paso, existente desde el año 1936, pertenece al ejido la Paz. Sin embargo, Llorens asegura que es de su propiedad desde hace tres años, sin acreditar con planos o escrituras que ésta le pertenece. 

Recordó cuando fungía como comisariado de este ejido y en diversas ocasiones retiró los bloqueos que Llorens colocó en la servidumbre. “¡Es un abusón!, la gente trabajadora utiliza el paso, pero él manda ahí y dice que no pueden pasar”, señaló. 

Agregó que el comisariado en turno, Andrés Soriano Peña, no ve por las necesidades del pueblo y no los ha acompañado en los actos para exigir la solución del problema. Por el contrario, señaló, Soriano aceptó dinero que Llorens ofreció para llevar a cabo la fiesta del ejido el pasado 29 de octubre. 

“Es problema agrario, porque si los ejidatarios nos juntamos y manifestamos nos tienen que hacer caso”, comentó. 

El comisariado del ejido La Paz, Andrés Soriano, afirma que interpuso una demanda contra de Llorens por haber bloqueado el paso. Sin embargo, no aportó datos que lo comprueben. 

Reconoció que Llorens se acercó en el mes de octubre para ofrecerle un apoyo monetario para llevar a cabo la celebración de las fiestas del ejido. “Se ofreció para ayudarnos para el aniversario, pero sin ningún compromiso”, puntualizó. 

“Lo único que pedimos es que se reconozca esa servidumbre de paso porque ya tiene muchos años, y este señor no ha demostrado que es el dueño de la nogalera y el territorio perteneciente”, explicó por su parte Villegas. 

Roberto Ríos señaló que las autoridades municipales han sido advertidas sobre el tema y no se ha visto su actuación dentro de dicha controversia. “El estado, a través de los juzgados civiles, lleva un letargo y cierta oscuridad en la administración”, reprochó. 

Añadió que considera infantil la naturaleza de los eventos jurídicos y que esto propicia el mal pensar de los Villegas sobre la existencia del interés y participación de un alto mando en el Poder Judicial del Estado en el tema, sin dejar de advertir que están lesionando intereses de la comunidad. Ante los señalamientos, la reportera solicitó reiteradamente la posición del Poder Judicial y al cierre de edición no hubo respuesta alguna.

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