Simas Rural: Un desfalco millonario con ribetes políticos en Coahuila

noviembre 18, 2024
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Por Ethel Arredondo

Torreón, Coahuila.- Durante años el control del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón–Matamoros se ha atribuido al profesor Mario Cepeda Ramírez, priista cuyo grupo político ha ocupado la gerencia y desde ahí sus miembros han sido protagonistas de escándalos de corrupción.

En 2022 el exgerente del organismo, Juan Pablo Flores Zendejas, quien ocupó el cargo de 2013 a 2017, fue detenido por peculado y, a lo largo del presente año, las revisiones reflejan desfalcos y una administración deficiente y sin controles, lo que dio paso a una intervención estatal.

La atención sobre el organismo suele tener un sentido político: cuando el 1 de junio de 2022 se realizó la detención de Flores Zendejas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Mario Cepeda acababa de anunciar su incorporación a Morena, una filiación que no se concretó, tras un acuerdo con el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme.

En septiembre pasado una serie de expresiones de Mario Cepeda marcaron un desafío abierto al gobierno estatal, de ahí que la vinculación a proceso penal de él y de su hija Xóchitl haya tenido una lectura política, muy pese a la denuncia ampliamente conocida de la agresión física contra Silvia Garza, quien se desempeñaba como directora de Relaciones Públicas del gobierno riquelmista y que fue golpeada por ambos durante un acto priista en 2022. 

Tras su vinculación a proceso, Xóchitl fue suspendida como regidora del ayuntamiento de Torreón por orden judicial que el 5 de noviembre cumplió el Congreso, mientras que “el profe Mario” porta un brazalete electrónico y no podrá asumir como regidor del mismo ayuntamiento el próximo 1 de enero.

El mismo martes 5 de noviembre el gobierno del estado inició una revisión del Simas Rural al más alto nivel. El grupo de trabajo es encabezado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, José Lauro Villarreal Navarro.

Al margen de lo político se han identificado desfalcos, una administración precaria y en déficit, así como una conducción tan opaca y sin rendición de cuentas que llega al extremo de no emitir facturas y, de acuerdo con los involucrados en la revisión en curso, hay testimonios de que se realizaban cobros en efectivo entregados en domicilios particulares.

Hay cuando menos 15 millones de pesos identificados previamente por auditorías que reflejan el desastre que ha significado la conducción del organismo, tanto en lo financiero como en el servicio que debe prestar.

El primer avance

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) sobre los años 2022 y 2023 realizó una serie de observaciones que muestran un patrón recurrente de opacidad, insuficiente documentación en gastos e ingresos y debilidades en los controles financieros en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila. 

Sólo en el primer año en mención las irregularidades detectadas en distintas áreas ascienden a más de 15 millones de pesos, lo que habría motivado la necesidad de una intervención radical del gobierno estatal y con señalamiento de responsables, según fuentes consultadas.

De acuerdo con los informes de la ASE, a los que tuvo acceso El Coahuilense Noticias, Simas Rural se enfrenta a múltiples observaciones por irregularidades en su ejercicio financiero de 2022 y 2023. Estas observaciones fueron realizadas en diversas auditorías que abarcaron tanto el uso de sus recursos como la administración de su patrimonio. 

Uno de los puntos más críticos se relaciona con los egresos, donde se identificaron incumplimientos significativos en la justificación y comprobación del gasto.

Por ejemplo, la Auditoría ASE-07010-2022 arrojó siete observaciones por un monto de dos millones 558 mil 609 pesos. La ASE documentó irregularidades por incumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, lo cual implica que los procesos de contratación no fueron realizados conforme a las normativas legales vigentes. 

Esto habría facilitado adjudicaciones directas o falta de competencia en los servicios contratados, comprometiendo la transparencia en el uso de los recursos públicos, de acuerdo con los auditores.

La Auditoría ASE-07011-2022 resultó en dos observaciones adicionales, que revelaron el uso inadecuado de un millón 50 mil 502 pesos en concepto de sueldos, salarios y prestaciones. 

En este caso, la insuficiente justificación en el ejercicio presupuestal sugiere que los recursos destinados a pagos al personal no estuvieron respaldados por documentación adecuada, poniendo en duda la legitimidad de estas erogaciones.

La Auditoría ASE-08646-2023 devino en 15 observaciones relacionadas con un incumplimiento en la adquisición de bienes y contratación de servicios, sumando un total de seis millones 263 mil 107. 

Estas irregularidades refuerzan el patrón de una inobservancia recurrente en la normatividad, reflejando una aparente falta de controles internos en las compras y contrataciones que realiza el organismo, concluyó la ASE.

Además, la Auditoría ASE-08654-2023 identificó falta de documentación suficiente para sustentar gastos por 97 mil pesos. Esto significa que el organismo no proporcionó los comprobantes requeridos para justificar esos egresos. 

Las observaciones antes detalladas sólo son las relacionadas con sus cuentas de egresos, pero también las hay sobre las cuentas de ingresos.

Por ejemplo, la Auditoría ASE-08652-2023 detectó depósitos no aclarados y desfases entre las fechas de cobro y depósito, alcanzando un monto de cuatro millones 423 mil 728 pesos. 

Estos fondos no justificados sugieren una administración descuidada o incluso la posibilidad de malos manejos de recursos. Los desfases en las fechas indican que ciertos montos fueron cobrados, pero su depósito en las cuentas del organismo no se realizó en el mismo periodo, generando dudas sobre el destino temporal de estos ingresos.

La administración del patrimonio del Simas Torreón-Matamoros también presenta problemas serios. La auditoría ASE-08651-2023 observó inconsistencias por dos millones 171 mil 400 pesos en la conciliación de las cuentas bancarias frente a los saldos contables. 

Este tipo de deficiencias sugiere, a consideración de los auditores, una falta de control interno adecuado sobre el patrimonio, ya que las cuentas bancarias no coincidieron con los informes de la cuenta pública. 

Estas irregularidades pueden traducirse en saldos no reportados o diferencias en la contabilidad oficial y la disponible en las cuentas.

Además se documentaron cuentas por cobrar pendientes de recuperación al cierre del ejercicio por 243 mil pesos 504 pesos. Estos saldos representan ingresos no recibidos que el organismo debió haber cobrado en tiempo y forma, generando un impacto negativo en su liquidez. 

La falta de recuperación de cuentas por cobrar refleja una debilidad en la capacidad del Simas para gestionar sus recursos y optimizar su flujo de efectivo.

Sin control

Simas Rural es un organismo descentralizado intermunicipal con personalidad jurídica y patrimonio propios creado en su más reciente reforma, el 8 de noviembre de 2018.

El régimen jurídico sencillamente no se ha aplicado. De acuerdo con lo identificado por la intervención del gobierno estatal iniciada el 5 de noviembre, el sistema opera sin cumplir normas establecidas en términos de su administración y operación.

Por ejemplo, tiene un Consejo Directivo que no sesiona y, en consecuencia, no se someten a su consideración los programas de trabajo, los presupuestos anuales, los estados financieros ni los indicadores de eficiencia.

El Sistema no responde en general a los requerimientos de información por parte de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento; sus titulares no comparecen ante los cabildos de Torreón ni Matamoros y, en general, no responden a nadie.

Este organismo cubre el abasto de agua de 104 ejidos y 34 fraccionamientos en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, con un total de 43 mil 579 usuarios, la mayor parte (36 mil 381 usuarios) en Torreón, para cuya atención dispone de 23 pozos, con un incremento en la demanda de mil 500 usuarios anuales.

El primer diagnóstico derivado de la mencionada revisión iniciada el 5 de noviembre y a la que El Coahuilense Noticias tuvo acceso, permite advertir que gran parte de las tuberías es de asbesto y requiere reposición debido a su antigüedad y obsolescencia; además, hay numerosas fugas y tomas clandestinas y la red requiere ampliar su capacidad a mayores diámetros.

De acuerdo con la información recabada por la revisión que actualmente realiza el gobierno estatal, Simas Rural tuvo ingresos en 2023 por 104 millones de pesos, con un costo de operación de 132 millones de pesos, es decir, tiene una operación deficitaria. Esto es: de cada peso gastado sólo ingresa 80 centavos.

El descontrol operativo es tremendo. De las 43 mil 579 tomas instaladas, sólo 44% tiene medidor. Las pérdidas físicas –es decir, del volumen de agua (1.04 millones de metros cúbicos) que se extrae mensualmente– se traducen también en desfalco, pues sólo se factura 57 por ciento.

La facturación anual es de 3.6 millones de metros cúbicos que equivalen a 176 millones de pesos, pero sólo se ingresa al organismo 59.5% de ese monto, de manera que las pérdidas comerciales ascienden a 40.5 por ciento.

La situación financiera es atroz: los activos circulantes son de 78 millones de pesos y los no circulantes de 62 millones de pesos, para un total de 140 millones frente a un pasivo circulante de 307 millones de pesos.

En términos generales, las revisiones de la ASE, así como lo identificado por el grupo de trabajo que intervino el organismo el 5 de noviembre, perfilan uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años sin que hasta ahora se haya identificado a los probables responsables del desfalco ni formalizado acusaciones en la vía penal, pues la revisión sigue.

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