Huachicol de agua en La Laguna

Por Katya González

Atilano García siembra 6 hectáreas de sorgo desde hace 5 años en el ejido Buen Abrigo. Mantiene a su familia del trabajo en el campo y, como otros ejidatarios, vive de manera humilde. Este año esperó el tercer riego de auxilio, sin embargo, no llegó y ahora su cálculo es devastador: no tendrá utilidades. Con el ciclo agrícola agotado, su opción es retirarse del campo como lo han hecho otros ejidatarios que se ven obligados a vender sus tierras y derechos de agua a la familia García Lespron y a Grupo Lala.

Detrás de su situación y la de numerosos campesinos de la Laguna mayoritariamente proveedores de las ganaderías de accionistas de Grupo Lala, convergen varios factores: un manejo faccioso de la administración del agua, venta de “permisos” ilegales y, por lo tanto, en efectivo y sin documentación probatoria; realización de obras que benefician, como todo lo anterior, al cacicazgo del diputado priísta Raúl Onofre Conteras, quien controla el ayuntamiento, el módulo de riego y, con clientelismo, los comisariados ejidales.

Atilano es uno de los perjudicados que, aun pagando “permisos” por dos hectáreas de agua, a 8 mil pesos sin ningún comprobante, no recibió lo prometido. 

“Es injusto que Raúl Onofre le esté quitando el agua a los campesinos y a los pocos ejidatarios que quedan, a veces creo que es con la intención de aprovecharse de ellos y obligarlos a que le vendan. No sean injustos, dejen trabajar al campesino”, clama.

Los usuarios del Módulo de Riego Número Nueve, Coyote-Buen Abrigo, concluyeron el pasado 28 de julio, el ciclo agrícola primavera-verano con grandes pérdidas en los cultivos de maíz y sorgo que se siembran en la región debido a la mala administración y ‘huachicoleo’ del agua. Atilano es uno de ellos. 

Además de a Onofre, acusan del desastre al director de Desarrollo Rural de Matamoros y jefe del Módulo Nueve, Carlos Esparza Esparza.

El Coahuilense realizó un recorrido por la Región Lagunera, específicamente por los ejidos de Matamoros y San Pedro de las Colonias, para documentar la situación del ciclo agrícola que concluye. Formalmente, los cultivos reciben el aniego y tres auxilios, es decir, cuatro riegos, pero esta vez la mayoría de los usuarios solo recibieron dos, con un desfase de hasta 35 días, lo que causó pérdidas de hasta el 35% de la cosecha.

Campesinos y productores advierten, en entrevista con El Coahuilense, que será nula o poca la utilidad que obtendrán, pues a la situación se suma el incremento de los insumos como las semillas y fertilizantes.

Además, hay incertidumbre sobre el precio que Grupo Lala, uno de los compradores más importantes, impongan su producción. Si las lecheras de la región no pagan el kilo entre $1.60 el maíz y $1.40 el sorgo, no tendrán utilidades.

Entre los afectados están usuarios del Módulo Nueve y compradores de agua que aseguran haber pagado 8 mil pesos por hectárea a personal de Raúl Onofre Contreras.

El Módulo Nueve tiene alrededor de 2 mil 300 usuarios distribuidos entre 10 pequeñas propiedades y 19 ejidos.

Carlos Esparza Esparza, Raúl Onofre Contreras, Guadalupe Mendoza y Efrén Jara, son señalados por los ejidatarios como responsables de la situación, además de que, denuncian, recibieron amenazas por parte de Mario Flores Contreras y Abel Zapata, trabajadores de Onofre, para que no denunciaran y se conformaran con el agua que les dieron.

LAS ANDANZAS DE ESPARZA

Mónico Rosales, ejidatario de Coyote, tiene 45 años trabajando en el campo. Él y los pocos ejidatarios que quedan en esa comunidad ya sembraron lo que pudieron y el riego no les da. Denunciar es temerario, pues asegura que el representante del módulo, Carlos Esparza, tiene delegados afines a él para intimidar a los campesinos.

“Es un medio de represión que yo miro por parte de esas personas, con apoyo de Raúl Onofre, quien dice que está apoyado por el gobernador. Él siembra maíz y sorgo. Ha habido mucho desvío de agua por parte de la directiva (que solo beneficia a los integrantes de la directiva)”, comenta.

Ejidatarios consultados afirman que la elección de Esparza estuvo viciada por la intromisión de autoridades municipales, directamente el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, “El Charro”, quien operó la elección junto con Onofre Contreras. Personal del ayuntamiento matamorense se ha involucrado directamente en las asambleas y, El Coahuilense, en su edición digital, acreditó en junio la asignación de plazas laborales en el municipio y la instalación de un centro de operaciones de los dos mencionados durante la elección del comisariado ejidal en Coyote. 

Mónico denuncia que la problemática empeoró desde que Carlos Esparza tomó la directiva el año pasado.

“He tenido problemas, el año pasado me querían quitar el agua. Nosotros vivimos del campo, ahí hemos hecho nosotros nuestra vida. Ojalá las autoridades piensen en el campo y en quienes lo trabajamos”, dice.

HUACHICOLEO DEL AGUA

Si una sensación prevalece pese a la desesperación de los campesinos, es el miedo. 

En el ejido La Luz, perteneciente al módulo 9, uno de los consultados expone su dramática situación a condición de proteger su identidad.

Siembra 45 hectáreas y cuenta con 10 derechos de agua que no serían suficientes para darse abasto en su cosecha. Por eso recurrió a negociaciones directamente con el “canalero” Óscar Argumedo, el gerente Guadalupe Mendoza y, en ocasiones, con el presidente del módulo, Carlos Esparza, para comprar agua del “excedente”. 

Lo dice con un lamento: lo hicieron tomar parte en la corrupción. Este año el costo se duplicó. Él pagó 8 mil pesos por hectárea, sin ningún tipo de comprobante que constate la corrupción por parte de los señalados. Pero el asunto es cosa común.

A diferencia de otros usuarios, él sí obtuvo el tercer riego para el sorgo, pero tardó alrededor de 35 días después de la fecha indicada y como consecuencia tuvo grandes pérdidas. En el caso del maíz solo obtuvo dos riegos.

En un recorrido por la región, el clamor generalizado es porque desde que la nueva administración del Módulo tomó el poder ha sido más notoria la falta de agua. La fórmula es: venden riego de manera ilegal, para una superficie de entre 800 y mil hectáreas, con una ganancia aproximada de 8 millones de pesos, que son repartidas entre quienes tienen el control del agua, sin documentación oficial, sin pasar por los sistemas fiscal ni financiero. Efectivo disponible para un cacicazgo implacable.

“Politizaron la administración con el fin de obtener dinero. Siempre ha habido corrupción y este año empeoró con esta nueva administración”, expone el entrevistado.

Los testimonios recabados entre ejidatarios laguneros dejan ver que la situación no es exclusiva del Módulo Nueve. Usuarios de otros módulos comentan afectaciones a sus sembradíos con tácticas similares.

“El que está en el poder en la administración es el que es diputado aquí: Raúl Onofre. Ha sido presidente municipal y ahora es diputado, siempre ha hecho y desecho. Tiene unos 60 derechos de agua y se los renta a los pequeños propietarios”.

Sergio Macías, productor de maíz forrajero en el ejido Santa Mónica, señala que todos los productores se han visto afectados por la falta de agua, aún con todos los derechos pagados al Módulo Nueve.

“Carlos Alberto Esparza Esparza ingresó al ejido y obtuvo en renta alrededor de 75 hectáreas para sembrar, sin derechos de agua. En el ejido se vio la problemática de venta de excedentes de agua por parte del Módulo, lo que les ayudó a recabar más de medio millón de pesos”, apunta.

Macías explica que el volumen autorizado para el ejido fue el mismo, pero se duplicó la cantidad de superficies a sembrar: Son 150 hectáreas las contempladas y ahora se sembraron 100 hectáreas más con el mismo volumen de agua, lo que desató el desorden en la región Laguna.

En síntesis, Esparza y su empleado, Abel Zapata, quebraron los sistemas hidráulicos del ejido y desviaron el agua a sus tierras. Ahí, en Santa Mónica, todos se dieron cuenta que Zapata comenzó a preparar sus tierras y durante el ciclo le dieron prioridad de riego, incluso en tierras que tenían más de 20 años sin uso. Cerca de éstas habilitaron un canal de riego con una inversión de alrededor de 3.5 millones de pesos para regar el área.

Tanto el aniego como los auxilios llegaron tardíos para todos menos para Carlos Esparza y para Abel Zapata.

Ante la desesperación, un grupo de usuarios tomó las compuertas de agua por su propia mano para así ponerla en las conexiones de las asequias para regar las superficies.

Néstor Castor, ingeniero agrónomo y gestor social del ejido Santa Mónica, comenta que vio crecer la obra hidráulica cuando aún se manejaba de una manera correcta el agua:

“Cada productor y campesino tenía una superficie predeterminada de cultivo y un área extra para básicos que era el sustento de la familia. Eso se acabó. Miramos que el agua se entregó de una manera desordenada, con la formación de módulos de riego que vino a causar los grandes males que estamos padeciendo en la actualidad. Un presidente de Módulo, gana más que un presidente municipal por la manera descarada de robar”, afirma.

La Secretaría de Agricultura, hasta hace poco a cargo del manejo, mantenía las dotaciones ordenadas y bajo vigilancia.

“Ahorita es un desastre, hay pérdidas en los cultivos por el acaparamiento del agua”, asegura Castor.

Cástor lo denuncia sin ambages: los culpables son los presidentes de los módulos. La mala distribución y operación de una obra que costó 3.5 millones de pesos en el ejido pero que beneficia solo a quien administra el agua en el módulo: Carlos Esparza. Y, por el contrario, no beneficia al ejido.

La obra a la que hacen referencia es un canal abierto. El agua se tira, lo que permite el aprovechamiento particular y no riega los cultivos establecidos, provocando un grave daño en la producción.

“Los que acaparan el agua ya cosecharon y siguen regando para volver a obtener más producción. El presidente del Módulo sabe qué está pasando y no da la cara”, continuó Castor.

Así es como el comisariado ejidal, el presidente del módulo, el delegado que representa los intereses del ejido y el aforador, si no son “incentivados” no abastecen de agua a los usuarios.

Sergio Macías y Néstor Castor se presentaron en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pasado 27 de mayo, en la Ciudad de México, para poner al tanto a la dirección de la dependencia de la situación de la Comarca Lagunera, lo que sucede en los módulos de Coahuila y Durango. Exigen una respuesta por las afectaciones a los productores. Fue hasta el viernes 22 de julio, cuando la denuncia fue aceptada a trámite por parte de la dirección general del organismo.

“La demanda contra el módulo va a proseguir, ya que la Conagua se lava las manos. El agua está quedando en manos de delincuentes. El proyecto del reparto agrario en 1936 era agua, crédito y tierras para el ejido”, recuerda Castor.

Ante las acusaciones, El Coahuilense contactó al presidente del Módulo, Carlos Alberto Esparza Esparza, quien negó estar influyendo en la situación que se presenta en los ejidos, indicando que en la jerarquía, debajo de él, hay un gerente que es el responsable directamente de la administración del agua, así como cuatro aforadores que le apoyan.

Carlos Esparza comentó que según los reportes que recibe por parte del gerente, todo se encuentra en orden y, específicamente, en el ejido Santa Mónica ya arreglaron la situación con los ejidatarios, dado que muchos de ellos ya cosecharon y la baja producción se debe a que sembraron en parcelas secas, porque “aún hay agua en el ejido”.

“Fuimos gestores de esta obra que costó 3 millones de pesos, consiste en un canal para que pudieran regar mejor. Les hemos estado apoyando, yo más que nada como presidente estoy checando todos los asuntos, pero como le comento, debajo de mí hay un gerente y otras personas que son quienes manejan el agua”, sostiene.

“El responsable soy yo, pero son muchos ejidos que componen el Módulo Nueve. A todos se les ha estado atendiendo, no es el único ejido en específico. Ya cuando se va terminando el agua muchos se quedan atrasados por las condiciones del canal y conductores del agua que están viejos”, agregó.

En cuanto a las tierras que son señaladas de su propiedad en ejidos pertenecientes a San Pedro, comenta: “Yo los apoyé a hacer algunos trabajos (a Raúl Onofre), pero al ver que casi no voy, ellos piensan (los ejidatarios) que los sembradíos son míos, pero no es cierto. Son de personas de otros ejidos”.

Respecto a los comentarios por parte de los ejidatarios sobre ‘no dar la cara’ cuando le han buscado, comentó que es de su conocimiento que un grupo de ejidatarios se han presentado en la oficina ubicada en Matamoros, Coahuila, sin embargo, no se han acercado directamente a él.

“A mí personalmente no me han venido a buscar, no he sabido que me hayan buscado directamente, si no, yo los atiendo. Si ahorita va y ve los cultivos, verá que a todos se les dieron sus riegos: a los algodones, a los maíces y a los sorgos. No hay ninguna persona que se haya quedado sin regar”, asegura.

Esparza Esparza negó estar involucrado en las amenazas que han recibido los usuarios por parte de Abel Zapata y culpa a los ejidatarios de politizar la situación, además de enfatizar que las acusaciones son falsas pues “la realidad es que siguen ellos con el agua y los riegos se dieron en tiempo y forma”.

El presidente del Módulo Nueve advierte ser incapaz de controlar las futuras situaciones ya que no cuenta con el capital para invertir en la mejora de canales de riego y, a pesar de tratar de manejar de la mejor manera posible la situación, no le es posible “quedar bien con toda la gente”.

La reportera trató de ponerse en contacto con el diputado Raúl Onofre Contreras y el gerente del Módulo Nueve, Guadalupe Mendoza, debido a las acusaciones en su contra, sin embargo, no hubo respuesta.

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